29 mar. 2024

Díaz dice que colaborará con Contraloría si se ajusta a ley

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicó ayer en una conferencia de prensa que el Ministerio Público solo dará datos sobre los bienes de sus agentes a la Contraloría General de la República (CGR) cuando existan dudas sobre declaraciones juradas o cuando lo solicite un fiscal o un magistrado.

Javier Díaz Verón

Javier Díaz Verón

“Hemos manifestado nuestra posición jurídica y la ley solo habla de estas dos situaciones. El Ministerio Público está siempre abierto a colaborar con las instituciones, siempre conforme a la ley y la Constitución”, aseguró ayer el fiscal general.

Días atrás, el contralor Óscar Rubén Velázquez solicitó a la Fiscalía un informe que detalle los nombres y apellidos, números de cédula de identidad y cargos de los once fiscales de la Unidad Anticorrupción. También pidió al fiscal general que precise al personal asignado a prestar servicios en dicha unidad, el ingreso mensual de cada uno y sus respectivos descuentos.

Por resolución, Díaz Verón rechazó el pedido alegando que no se ajusta a la ley N° 5033/13 que reglamenta la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.

“La Constitución Nacional y la ley para nosotros son muy claras cuando hablan de que el funcionario público tiene que presentar su declaración jurada al iniciarse en la función pública y al terminar. Dice la ley que en ese sentido se va a hacer el estudio de correspondencia o cuando existan dudas sobre las declaraciones. El otro caso es cuando una autoridad en una investigación requiera datos”, sostuvo Díaz Verón.

El titular del Ministerio Público sostuvo que si otro eventual pedido de informes de la Contraloría se ajusta a los casos descriptos en la ley, la Fiscalía brindará los datos.

El pedido de informe de la Contraloría se realizó tras las críticas de miembros de la Cámara de Diputados a los fiscales de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción que imputaron a varios senadores y diputados por presuntos hechos de corrupción.

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