La policía de El Salvador lanzó el viernes un operativo para capturar a 17 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil (1980-1992), semanas después de que un juez español emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, envió a comienzos de enero una nueva petición a Interpol para la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los clérigos y dos colaboradoras en los momentos más álgidos de la guerra.
“En cumplimiento de la Notificación Roja emitida por Interpol, estamos desarrollando el operativo”, dijo la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de Twitter. Una portavoz de la Policía dijo a Reuters que el tuit se refería a los militares.
En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar de ultraderecha irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría.
Cinco de los seis sacerdotes eran españoles. En el ataque también murieron una empleada doméstica y su hija.
La Policía Nacional Civil “continúa el operativo para la ubicación y detención del resto de personas requeridas (por España), sobre lo cual, se informará oportunamente”, publicó el ente en su cuenta oficial de Twitter.
Los militares retirados capturados son el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
El operativo de búsqueda y captura inició la noche del viernes en diferentes puntos de El Salvador.
Horas antes del operativo salvadoreño, una jueza estadounidense dio luz verde a la extradición a España del ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por este mismo caso.
Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de una ofensiva guerrillera, fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.
Una ley de amnistía general emitida en 1993 no permite juzgar a los implicados en crímenes durante el conflicto civil. efe-reuters
