Los tres funcionarios, pertenecientes a las área de Gas y Energía de Petrobras, fueron arrestados en el marco de la cuadragésima fase de la operación Lava Jato, bautizada de “Asfixia” y que incluye 16 mandatos de búsqueda y aprehensión.
De acuerdo la Fiscalía, los exgerentes ayudaban a empresas a conseguir las licitaciones de la petrolera y a cambio recibían sobornos, una práctica que se extendió hasta junio 2016, cuando ya habían comenzado las investigaciones sobe la corrupción en Petrobras.
Las investigaciones de los últimos años han demostrado que, durante más de una década, políticos, ejecutivos de la petrolera y empresarios amañaban contratos con Petrobras y otras empresas públicas, inflaban sus valores y posteriormente se repartían las ganancias.
El fiscal Orlando Martello recalcó que la trama criminal en Petrobras “no fue integralmente deshecha”, pues “las ventajas ilícitas y los propios pagos de sobornos ocurren incluso después de la salida de funcionarios públicos” de la petrolera.
“Eso demuestra que todavía son realmente necesarias medidas extremas para interrumpir la práctica de esos crímenes, siendo perfectamente justificables las prisiones realizadas en el marco de la operación”, agregó Martello, citado en el comunicado.