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Editorial
jueves 5 de enero de 2017, 02:00

Desterrar prácticas stronistas de la administración pública

Las numerosas denuncias anónimas realizadas por empleados públicos que sostienen estar siendo obligados a firmar en unas planillas en las que se solicita la enmienda de la Constitución Nacional, a fin de hacer posible la reelección presidencial, ponen en evidencia el lamentable retorno de una práctica dictatorial que resultaba común durante el régimen stronista. Someter a los funcionarios del Estado a una especie de chantaje, forzándolos a apoyar al poder político de turno con la implícita amenaza de que si no lo hacen puedan ser perjudicados en su trabajo, es igualmente una práctica inconstitucional que debe ser desterrada.

Son muchas las denuncias que se han acercado en estos últimos días a los medios de comunicación por parte de funcionarios de la administración pública, asegurando que están siendo obligados por sus respectivos superiores a suscribir unas carpetas con planillas, en las que se están recogiendo firmas para solicitar la enmienda de los artículos 161, 197, 229 y 235 de la Constitución Nacional, para buscar hacer posible la reelección presidencial.

La mayoría de las denuncias se realizan de manera incógnita, por el temor de los funcionarios denunciantes a ser sancionados o despedidos de sus lugares de trabajo, en represalia por mostrar la irregularidad. Sin embargo, se han proveído copias de las planillas con numerosas firmas y varios referentes del oficialismo –como el senador colorado Gustavo Alfonso, o la propia ministra de la Mujer, Ana María Baiardi– han reconocido que, efectivamente, se está llevando a cabo la referida campaña a favor de la enmienda y la reelección presidencial, aunque niegan que la adhesión de los trabajadores estatales sea obligatoria, ni que exista presión alguna para obtener las firmas.

Sin embargo, los testimonios de los afectados señalan que sí se están ejerciendo diversas formas de presión, extorsión y engaño, para obtener la adhesión al plan de reelección presidencial. Una de ellas, según las denuncias, es que los trabajadores contratados deben firmar las planillas para que se les renueve el contrato. En otro caso, durante un evento de la Secretaría de la Mujer, las afectadas relataron que se les acercaron las planillas bajo engaño, asegurando que eran un simple registro de asistencia.

Cabe recordar que no es la primera vez que sectores de trabajadores estatales denuncian casos de extorsión o intentos de manipulación política por parte del oficialismo. Varias denuncias se recibieron en setiembre del año pasado, pocos días antes del aniversario del Partido Colorado (el 11 de setiembre), cuando empleados de reparticiones públicas denunciaron que estaban recibiendo fuertes presiones para obligarlos a asistir a un acto multitudinario en el Club Deportivo Capiatá, donde el coloradismo planteó oficialmente enmendar la Constitución para buscar la reelección del actual presidente Horacio Cartes.

Someter a los empleados del Estado a una especie de chantaje, forzándolos a apoyar al poder político de turno, con la implícita amenaza de que si no lo hacen puedan ser perjudicados en su trabajo, es igualmente contraria a la Constitución y a las leyes, ya que violan el derecho la libertad de conciencia y a la libre participación en la política. Era una práctica común durante la dictadura stronista, que las actuales autoridades deben desterrar, al menos si seguimos viviendo en un sistema democrático republicano.