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Opinión
martes 19 de julio de 2016, 01:00

Después de la sentencia

Por Fernando Boccia Torres – fernando-boccia@uhora.com.py
Por Fernando Boccia

Tras la condena a 11 campesinos por la matanza de Curuguaty, reacciones de distintos sectores de la sociedad y de los mismos actores del juicio revelaron aún más elementos para entender el caso en todas sus implicancias.

Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), lamentó que "una manga de infelices" pretendan desestabilizar al país, esto con referencia a las personas que salieron a las calles a protestar contra la sentencia impartida.

El mismo día, varios gremios empresariales criticaron a los que buscan "instalar la lucha de clases". Para ellos, que aún creen que la lucha de clases se refiere, literalmente, a una batalla campal de ricos contra pobres, salir a protestar contra una sentencia injusta es desestabilizar al país y demostrar infelicidad. Solo consiguieron mostrar la hilacha autoritaria que persiste entre los más poderosos del país.

Distintos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos explicaron cómo siguen las investigaciones sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales en Curuguaty. Una fiscala dijo que no consiguió ningún testimonios ni pruebas –a pesar de que la Codehupy y la prensa recolectaron varios relatos de testigos presenciales– y otro fiscal se escudó señalando que él investiga una denuncia de hace apenas un mes. El desinterés del Ministerio Público en esclarecer la muerte de 11 campesinos es cada vez más evidente y todo apunta a que en algún momento el Estado va a tener que responder por esta criminal desidia ante organismos internacionales.

Un video comenzó a circular nuevamente en canales y redes sociales: se trata del discurso dado por el entonces presidente Fernando Lugo, dos días después de la tragedia, en el que lamenta la muerte de 6 policías "sorprendidos en medio de un protocolo de diálogo y conversación". Sirve para recordar que Lugo, así como el ex ministro Carlos Filizzola, tiene su cuota de responsabilidad en lo ocurrido.

Luego de escucharlo dictar sentencia, supimos que el juez Ramón Trinidad Zelaya tiene quizás más antecedentes que todos los procesados juntos. El senador Giuzzio contó que en su época de fiscal anticorrupción montó un operativo para detener al entonces fiscal Zelaya por coima, pero su asistente decidió asumir la culpa. Algunos portales también relataron otras supuestas andanzas suyas y su fuerte respaldo político. Desde el casi sobrino de Blas N. Riquelme, que empezó a investigar el caso, hasta el magistrado con foja limpia pero con un pasado tenebroso, los campesinos nunca tuvieron chance alguna.