Hace 14 años, en el 2003, se recurrió a dicha figura, tras el nunca aclarado caso del supuesto secuestro de los dirigentes del hoy desaparecido Partido Patria Libre (PPL), Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Los mencionados políticos eran acusados de haber participado en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, y por ello fueron buscados por la Policía.
Sin embargo, aparecieron en una casa de Villa Elisa, con rastros de haber sido torturados.
Declararon que habían sido secuestrados por un comando parapolicial bajo las órdenes del Centro de Investigación Judicial (CIJ) y que estuvieron en ese y otro sitio por varios días, totalmente en la clandestinidad.
Tras la recuperación médica, Brasil les concedió la figura de refugiados, a través de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), en diciembre del 2003.
El Gobierno, a través de la Cancillería, intentó que se les cancele la figura de refugiados, en tres ocasiones, sin éxito. Se presentaron pedidos de extradición en el 2004, 2008 y 2010.
Patrón, el detonante. Ahora se vuelve a recurrir a dicha figura, con la intervención de la dirigencia liberal, tras el apresamiento del dirigente juvenil del PLRA Stiben Patrón, por su supuesta participación en el incendio del Congreso, en el marco de las protestas por la aprobación de la enmienda que a toda costa quería imponer Horacio Cartes para lograr la reelección el próximo año.
En Uruguay. A diferencia del caso de Martí-Arrom, el proceso de pedido de refugio se hizo ante el gobierno de Uruguay.
Luis Sánchez, Brian Martínez, Daniel Aquino, Rubén Galeano y Raúl Cáceres, el 12 de junio pasado pidieron en la Cancillería uruguaya ser admitidos como refugiados. Hay un sexto candidato al pedido de refugio, aunque aún no realizó la gestión.
En un primer paso, los citados fueron aceptados como solicitantes de dicha figura. Migraciones de Uruguay les expidió una cédula de recibimiento y el 22 del presente mes recibirán la cédula de identidad que les permitirá residir y trabajar en territorio uruguayo.
El proceso de admisión como refugiados tiene un plazo de 90 días.
Paralelamente a las gestiones realizadas en la Cancillería, el caso será también estudiado a nivel del Parlamento del Mercosur, con sede en Montevideo, Uruguay, según confirmó la parlasuriana paraguaya Mirta Palacios, electa por el PLRA.
Los aspirantes a refugiados deben abstenerse de opinar sobre política, tanto de Paraguay como de Uruguay.
