Este dato se desprende del Índice de Desplazamiento Percibido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que registra datos de 242 de los 262 municipios que tiene El Salvador.
Este es el primer estudio que aborda recientemente la magnitud territorial en el país del desplazamiento, cuyas variantes violentas están ligadas principalmente a las pandillas.
En la totalidad de localidades estudiadas se registraron solicitudes de “apoyo humanitario” a las autoridades municipales, gubernamentales y líderes de la sociedad civil por parte de personas que buscaban salir o ingresar a estos municipios, apunta la fuente.
El 61,2 % de los sitios estudiados “reportó haber recibido al menos una solicitud de apoyo humanitario” para salir de sus lugares de origen por “desastres naturales, cambio climático y violencia generalizada”.
Los poblados que recibieron peticiones de ayuda de personas que buscaban entrar representan el 55,4 %.
Entre los departamentos con los mayores índices de “expulsión” se encuentran Cabañas (centro), La Libertad (centro), Sonsonate (oeste), San Miguel (este), Usulután (este), La Unión (este) y San Salvador (centro).
Los que más solicitudes de “recepción” registraron son Morazán (este), La Paz (centro), Cuscatlán (centro) y San Salvador.
En ambos casos, las solicitudes fueron presentadas a las autoridades municipales, entes del Gobierno central, Policía, líderes religiosos, comunitarios o indígenas.
Para la construcción del índice la OIM implementó entre agosto y octubre pasados el sondeo de Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana (DTM) en estos 242 municipios y entrevistó a 1.300 personas de los sectores antes mencionados.
No obstante, la OIM no detalló el nivel de pedidos de ayuda de los desplazados por desastres naturales, cambio climático y violencia.
El Gobierno ha restado importancia al desplazamiento forzado motivado por las pandillas. El único ente estatal que actualmente registra y ha reconocido este fenómeno es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Un estudio publicado a inicios de agosto da cuenta de que esta institución recibió, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, un total 236 casos que acumulan 427 víctimas.
En el 86,6 % de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las “amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso” de las “maras”.
El 6,7 % de los casos fue generado por “amenazas o acoso” de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
