El representante del Ministerio Público explicó que el lunes próximo va a iniciar con las primeras diligencias investigativas del caso.
El ministro de Justicia, Éver Martínez, en compañía de la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, presentaron la denuncia el jueves último por los hechos punibles de estafa en grado de tentativa, producción de documentos no auténticos, producción de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.
Según la investigación realizada por los asesores jurídicos del ministerio, el pasado 17 de julio, funcionarios de la dirección administrativa de dicha cartera de Estado detectaron órdenes de compra de productos cárnicos con formato y firmas sospechosas, que diferían de las originales que elabora el sistema interno de la institución.
Los administradores detectaron nueve órdenes de compra presuntamente falsificadas, que están a nombre de la empresa Samal SRL, representada por el empresario Rodolfo Amín Yambay, con la intención de efectivizar supuestamente de manera indebida G. 233.711.640.
Dicha empresa intentó cobrar dos veces por un solo ítem; es decir, mediante una factura original cobró lo que le correspondía en ese ítem del mes y con una factura presumiblemente falsificada, con la firma de los administradores del ministerio, intentaron cobrar el mismo monto que ya habían cobrado con la factura original, refiere la denuncia realizada ante la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción.
