Más allá de algunas declaraciones altisonantes, la realización de “cumbres” entre cabezas de poderes del Estado, y alguna que otra actividad de carácter más bien efectista y mediático, es relativamente poco lo que se ha hecho para cortar los funestos tentáculos que el narcotráfico ha venido instalando en el ámbito de la política y de la Justicia, brutalmente expuestos a raíz del deleznable atentado que costara la vida al periodista Pablo Medina.
En este sentido, la publicación de una lista de políticos y legisladores vinculados al tráfico de drogas por parte del senador Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista, a nombre de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, constituye un paso en la dirección correcta de la indispensable labor de desenmascaramiento de los profesionales de la narcopolítica, y el saneamiento moral de las instituciones del Estado.
Es, lo reiteramos, un paso, pero no el final del camino. Aún es mucho lo que se debe avanzar para exponer ante la sociedad a los políticos que medran con el narcotráfico y que son utilizados por este para defender sus intereses en la esfera estatal, sobre todo en lo que atañe al manejo de la Justicia, ya sea para evitar ser sancionados por esta o bien para evitar su extradición a los Estados Unidos y al Brasil.
Así las cosas, la “lista Giuzzio” debe ser entendida como un relatorio preliminar. De hecho, el propio parlamentario reconoció esta realidad, al señalar, durante la sesión de ayer del Senado, que existen materiales que involucran a otros parlamentarios con el narcotráfico, pero que hasta el momento no constituyen pruebas definitivas para sustentar una acusación como la exhibida en los casos precedentes.
El saneamiento de la República es un imperativo histórico y moral. Son ellos o nosotros. Y así deberían entenderlo los partidos políticos y su dirigencia, no solo para dejar en evidencia a los títeres del narcotráfico que operan en sus filas y ocupan importantes posiciones dentro del esquema partidario y/o estatal, sino también para adoptar las medidas punitivas contundentes que sean del caso, a fin de desvincular el nombre de sus nucleaciones políticas de los elementos moralmente contaminados. Los tímidos gestos vistos hasta ahora son insuficientes para convencernos de que están decididos a combatir el flagelo y desprenderse de los que les comprometen severamente.
Algunos, incluso en el propio Poder Ejecutivo, parecen no haber entendido a cabalidad el delicado momento político que estamos atravesando. O recuperamos y fortalecemos las instituciones y trabajamos en serio por el desarrollo del país, o seguimos apostando por el doble discurso de la supuesta “captación” de inversión extranjera, pero sin hacer el trabajo comprometido destinado a crear las condiciones necesarias para que el Paraguay pueda presentarse ante el mundo como una nación decente y prometedora.