A pesar de que el fiscal general del Estado, Francisco Díaz Verón, sostuvo ayer que no tiene nada que esconder en torno a un pedido de informe de la Contraloría, la intención es no responderlo.
En el Ministerio Público consideran improcedente la nota remitida por el contralor Rubén Velázquez sobre los datos de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El pedido de informe remitido por la Contraloría fue promovido por la Cámara de Diputados.
Esta situación se da en medio de los pedidos de desafueros a diputados y senadores, y las críticas hacia los fiscales anticorrupción.
Sobre el punto, Díaz Verón se limitó a señalar ayer que la nota se giró a la Dirección de Asesoría Jurídica a los efectos de formular la propuesta de respuesta.
“No tenemos absolutamente nada que esconder y siempre que el pedido se sustente en una disposición legal y corresponda, vamos a realizar”, manifestó el fiscal.
De acuerdo con las informaciones que se manejan, justamente, el argumento para no responder al pedido es de carácter legal.
“Quien nada debe, nada teme”, alegó Díaz Verón, tras una reunión con una Comisión del Senado.
En la nota de la Contraloría se solicita un informe pormenorizado en el que se detallan los nombres y apellidos, números de cédulas de identidad, cargos y funciones de todo el personal asignado a prestar servicios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
También se le recuerda a la Fiscalía la ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes.
Sobre el punto, Díaz Verón trajo a colación que la declaración jurada de bienes de cada funcionario es una obligación constitucional y aseguró que la Contraloría cuenta con todos esos detalles.
“Pueden encontrar el listado de funcionarios, creo que también tiene (el contralor), el salario que percibe, está en la página web”, insistió el fiscal.
“No obstante, a los efectos de permitir que se aclare, no tenemos absolutamente nada que esconder, debemos tener apertura única. Lo vamos a hacer siempre que la ley disponga de esta manera”, dijo.
Refirió que espera que otras instituciones también colaboren con el Ministerio Público para cumplir con la misión constitucional y legal.
Bajó la línea. “No vamos a permitir que la institución sea utilizada como un medio de persecución de personas sin justificación alguna”, sentenció el fiscal general.
Fue con relación a declaraciones de algunos senadores, entre ellos el colorado Enrique Bacchetta, que la Fiscalía debe intervenir de oficio en el caso de Alberto Ramírez Zambonini, por supuestas irregularidades en la Justicia Electoral.
Díaz Verón sostuvo que en el Ministerio Público no se inventan los hechos, y si se tiene que abrir una investigación se va a hacer.
“Seguimos cumpliendo con nuestra obligación. Si del análisis se sustenta, tengan seguridad que se va a hacer. Si no tiene condimento necesario tampoco se va a hacer”, dijo.
“Estamos haciendo de manera objetiva. El Ministerio Público quiere estar a la altura de la circunstancia. No queremos que haya impunidad para nadie”, aseguró.
“Hasta hoy creemos que no hemos salido de esa línea. Si hay justificación para iniciar la investigación, vamos a iniciar. Si no hay motivo no la vamos a iniciar. Eso es lo que dispone la ley y la Constitución”, dijo.
Indicó que se apunta que el Ministerio Público cumpla con la sociedad y habló de un sentido de responsabilidad que amerita compromiso y valentía por parte de los funcionarios.
“Se deja presionar quien no tiene personalidad fuerte y valiente”, sentenció. Insistió en que debe haber compromiso y valentía. Sostuvo su apoyo a la labor de los agentes fiscales. Reiteró que no puede hablar de presión política y que cuando hay un pedido de investigación, si se justifica, se actúa en consecuencia.
