Peralta informó a la Monumental 1080 AM que acordó con el Ministerio de Hacienda que los funcionarios públicos contratados sin concurso a partir de enero de 2016 no cobrarán sus salarios, en cumplimiento del Decreto Nº 3857/15.
“La voluntad política tiene que estar plasmada en actos administrativos, me refiero a reglamentaciones que digan que el que no concursa no cobra salarios, eso lo tenemos ya instalado en una línea de trabajo con el Ministerio de Hacienda en cuanto al bloqueo del pago de remuneraciones a personas que no han concursado”, expresó Peralta.
Indicó que la medida muestra que la SFP tiene la fuerza política y cuenta con el respaldo del presidente de la República, Horacio Cartes.
Resistencia. Dijo que la resolución afecta a las instituciones que se rigen bajo la Ley 1626, aclarando que existen algunas instituciones con medidas cautelares, por lo que están al margen de la regulación, pero subrayó que los ministerios, secretarías, entidades descentralizadas, deben aplicar los procesos de selección y el castigo por no realizarlo sería el no pago a los contratados, medida adoptada para que se respeten los procesos, señaló.
“Si alguien quisiese llevar adelante un proceso al margen de lo que establece la legalidad, la situación en la cual va a estar es que esa persona no podrá cobrar a fin de mes y eso va a ser solamente responsabilidad de las máximas autoridades bajo la figura del rol de ordenador y pagador que es la responsabilidad administrativa y presupuestaria que tenemos las máximas autoridades institucionales”, indicó.
Vigencia. El ministro señaló que el decreto ya está en plena vigencia, por lo que se encuentran urgiendo a las instituciones públicas sus programaciones para dotación de personal.
“Eso es, de aquí a diciembre, cuántos cargos se estarían llamando a concurso, y ya vinculados a la ley de presupuesto y al decreto reglamentario, la excepción a la regla no vamos a tener bajo ninguna circunstancia”, dijo.
Ratificó que desde enero, las personas que ingresan sin concurso no cobrarán, y que la excepción se rige para contrataciones temporales de personas. Detalló que son unos 35.000 a 40.000 funcionarios al margen, y la mayoría están vinculados a funciones en el Poder Judicial.
