Adelantó que mientras se encuentran trabajando con el Poder Ejecutivo para reprisar el plan piloto que ha instalado esta iniciativa, a través de un decreto en octubre de 2014 y promover así la oferta.
Resaltó que en esta ley es clave el fondeo a través del Presupuesto General de Gastos de la Nación y un porcentaje de los fondos de pensiones y que se implemente a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), como los planes que han desarrollado Chile, Uruguay y Perú, con éxito.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la plenaria de Diputados, con una sola variación: la reducción del tope inicial de USD 95.000 a USD 92.000, y se fijó hasta 256 salarios mínimos el valor de la vivienda. El proyecto considera las siguientes niveles: de 50.000 a 92.000 dólares con un incentivo a la tasa; y de 30.000 a 50.000 dólares con un pequeño subsidio, como han aplicado otros países de la región.
CUBRIR NECESIDAD. La intención es que la ley incorpore a la población que hoy no está cubierta por las viviendas construidas por la Senavitat. Recordó que en el último cruce de datos con Senavitat, Capadei detectó una demanda de 220.000 viviendas de entre 50, 70 y 90.000 dólares en ese segmento. Sin embargo, la demanda va creciendo porque la población es mayoritariamente joven, resaltó.
Son cuatro los factores que se consideran: una demanda insatisfecha; la población es mayoritariamente joven, donde el 60% tiene menos de 35 años; es un país que se está urbanizando, donde el 72% de la población vive en ciudades y solo 28 vive en el campo; y el crecimiento del país a 4,5% en los últimos 10 años, que ha ensanchado la franja de la clase media. Estos factores justifican pensar en un plan sostenible de acceso a la vivienda para el segmento.
Sin embargo, adelantó que llevará tiempo que el desarrollador genere productos competitivos en ese segmento, porque requiere de un volumen cuasiindustrial, que el producto sea bueno, seguro, confortable y de acceso económico, explicó Acosta.
