Poco después del mediodía de este domingo, un grupo de docentes sindicalistas se dispusieron a instalar una carpa blanca en la plaza en la que se ubica el Parlamento argentino para, principalmente, que se convoque a una mesa de negociación salarial nacional, que busca conseguir mejores salarios.
Según informó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la capital argentina, el grupo de gremialistas docentes quiso instalar la carpa “sin ningún tipo de permiso”, por lo que “se labraron actas de infracción por el uso indebido del Espacio público”.
En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Télam, en el lugar “también se hizo presente personal policial y se les sugirió el desarme” de la estructura.
Vídeos publicados en redes sociales y canales de televisión local muestran el enfrentamiento que se produjo entre los efectivos policiales desplegados y los manifestantes, que acusan a los agentes de haber arrojado gas pimienta cuando comenzó el desalojo.
“En la Sede Comunal 4 de la Policía Metropolitana. Pude hablar con los detenidos. Presentan lesiones. Repudiamos la #represión policial”, escribió en su cuenta de Twitter Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“No nos vamos a mover de aquí hasta los que liberen. #CarpaBlanca #Represión (sic)”, añadió en otro mensaje.
En un comunicado posterior, la Defensoría señaló que fueron dos los docentes detenidos, “heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad”, y que ya fueron liberados.
“Desde nuestro organismo se solicitará que se libere una disposición pidiendo todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo y naturalmente la instrucción de quien haya dado la orden de reprimir y el motivo por el cual la dio”, subraya el texto.
Además, diversas agrupaciones de izquierda y sindicatos manifestaron sus críticas ante lo ocurrido.
“En un país donde el Gobierno y la Policía le pega a los maestros es un país sin futuro. (...) No puede ser que hayan tirado gas pimienta y hayan reprimido de esa manera. Así no se construye la patria”, expresó, frente al Congreso y una larga fila de policías, el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel.
El bloque de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria expresó en una nota su “más enérgico repudio a la represión” a los docentes que según remarcan ordenó “el presidente Mauricio Macri”, lo que demuestra “que este modelo no cierra ni con represión”.
“En el país de Macri los trabajadores no tienen derecho a huelga y tampoco a peticionar frente a las autoridades, como establece la Constitución Nacional”, añade el texto, en el que se pide que los detenidos “sean rápidamente liberados” porque no cometieron ningún delito.
El pasado jueves, un fallo judicial ordenó al Ministerio de Trabajo convocar a la mesa nacional de negociación salarial docente -conocida como paritaria-, aunque desde el Gobierno anticiparon que apelarán la medida y recusarán a la jueza que dictó la medida porque consideran que hay imparcialidad en sus decisiones.
La jueza Dora Eva Temis sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una mesa salarial nacional.
En las últimas semanas, sobre todo desde los días previos al inicio del curso escolar, a comienzos de marzo, docentes de varias zonas del país -principalmente de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina- reclaman a través de marchas y paros mejoras salariales y la apertura de una paritaria nacional.
Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que no tienen competencias para convocar estas reuniones porque, a su juicio, la articulación de los sueldos finales de los profesores depende de cada una de las provincias de Argentina.
