Según detalló Ignacio Sugastti, uno de los representantes de los campesinos, la orden de allanamiento data del año 2012, y con ese documento ingresaron las autoridades policiales y fiscales con cinco topadoras de la misma firma inmobiliaria.
“Ellos pusieron las topadores y con eso echaron todas las casas. Se sacó a toda la gente fuera de la propiedad y luego procedieron a destruir todas las viviendas que se encontraban allí”, detalló.
Señaló que el Estado debería realizar su parte, indicando que la propiedad es fiscal y que se debería reclamar. Dijo que ya no podrán ingresar por miedo a ser arrestados, por lo que ahora se quedan apostados frente al portón de la propiedad, al costado del camino, esperando una respuesta del Indert.