24 abr. 2024

Derrota política y moral de la Corte

El juicio político a tres miembros de la Corte Suprema es una de las batallas más duras que están peleando el presidente Horacio Cartes y su aliado clave, el liberal Blas Llano. Luego de dudas y de intensas negociaciones en las que los ministros marcados intervinieron directamente, la Cámara de Diputados aprobó el proceso de destitución de los liberales Sindulfo Blanco y Óscar Bajac, y del colorado menos colorado César Garay. Con votos suficientes (que oscilaron entre 57 y 59), se abrió la compuerta y ahora el Senado tiene la palabra.

El proceso de recolección de votos no fue fácil. Hasta el último día hubo dudas sobre si se alcanzaría la mayoría necesaria, pero entre negociaciones y presiones, Cartes y Llano lograron su objetivo.

Sin embargo, en el Senado la cuestión es más compleja. De tres colorados, ahora son cinco los que se oponen, y juntos con la multibancada socialista y el liberal Carlos Amarilla suman 18 votos. Para destituir se necesitan 30 votos; por tanto, el oficialismo necesita quebrar esta alianza rescatando los 3 votos necesarios para ejecutar el plan. Las negociaciones apuntan a Mirtha Gusinky, Beto Ovelar y Juan Darío Monges, vinculados al movimiento de Zacarías Irún. Ya tiraron la toalla con Julio Velázquez y su aliado Gustavo Alfonso, opositores acérrimos a Cartes.

En el PLRA, Llano y Miguel Saguier dialogaron con Carlos Amarilla, quien condiciona su voto a la aprobación de leyes que apunten a la reforma real del sistema de justicia.

En el bloque socialista buscan voltear el voto de Eduardo Petta.

En filas oficialistas admiten que lograr los 30 votos está complicado. Harán mucho esfuerzo para finiquitar este año el pleito, pero ya manejan la posibilidad de la suspensión hasta marzo, lo que supone una derrota política para Cartes y Llano.

Hasta aquí lo que ha sucedido en el Congreso, pero ¿qué se viene ahora más allá de la guerra de votos entre ambos bandos?

derrota política. Cuando el juicio político se debatió en la Cámara de Diputados ningún legislador defendió a los ministros.

En el Senado se repite el mismo panorama. Ni uno solo se atreve a poner la mano en el fuego por ellos. El único que se salva de los peores adjetivos es Garay, cuyo pecado es la alta morosidad, según el libelo acusatorio.

En cuanto a Bajac y Blanco, ni siquiera sus correligionarios liberales se atreven a defenderlos. El único que se atrevió a mostrarse en una foto cumpleañera con Blanco fue el diputado Carlos Portillo, el bufón de moda.

Y esta es la peor derrota de los ministros enjuiciables. Cuando ningún parlamentario sale a defenderlos, todo lo que se dice en el libelo acusatorio más las duras acusaciones mediáticas quedan como verdad. Como una letanía se oyó: no estamos en contra del juicio político, sino del procedimiento.

Y en esa defensa de las formas, el resultado es la contradictoria permanencia de ministros repudiados por sus propios padrinos.

honestidad en la derrota. Cuando en el 2003 un amplio acuerdo político decidió “pulverizar” la Corte, dos ministros, Raúl Sapena Brugada y Jerónimo Irala Burgos, renunciaron apenas se enteraron de la decisión política. No especularon un solo minuto. No hubo ruegos ni vendettas.

En su carta de renuncia, Sapena explicó que decidió renunciar porque “los líderes políticos ya tienen decidido el resultado del juicio de antemano. Me dijeron que me iban a destituir hiciera lo que hiciese, sin importar lo que demostrase, y yo tengo una vida pública, un prestigio y una carrera que siempre me esforcé por cuidar”.

Los tres en el banquillo serán doctores en Derecho, pero ya no gozan de la “notoria honorabilidad”, como dice el requisito constitucional.

SIMPLES PEONES. En medio de este panorama se instala el dilema de la permanencia de los enjuiciados más allá de los votos. Una de las cámaras del Congreso ya decidió que no pueden permanecer en la Corte. Y aunque el Senado no logre reunir los 30 votos, el resultado será un triunfo político temporal para el bloque anti llano-cartista.

Porque con la permanencia en el cargo no están defendiendo la independencia de la Justicia. Hoy son apenas títeres de una coyuntura política. Se quedan aún en el cargo porque así les pidieron los políticos que están en guerra con Cartes y Llano. No saben o se niegan a ver que su salida solo es cuestión de tiempo. La política tiene su propia dinámica y cuando los adversarios empiezan a hablar el mismo idioma, quedarán reducidos a simples peones de este perverso ajedrez.

Por eso, como último acto de decencia les queda la renuncia, porque más allá de un eventual triunfo en el Senado, la Corte ya ha perdido la batalla moral y eso ya no reparan los 18 votos.

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