EFE
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, los activistas lamentan las “detenciones arbitrarias por parte de la Policía a personas, por causa de su orientación sexual o identidad de género”.
También critican la violencia que sufren los jóvenes homosexuales, bisexuales, trans o intersexuales por parte de sus familias y exigen que se haga efectivo el derecho a la salud, la educación y el trabajo sin discriminación para este colectivo.
Solicitan además el esclarecimiento de al menos 54 “crímenes de odio” contra personas trans en Paraguay desde la caída de la dictadura, una situación que la organización Panambi de transexuales y travestis de Paraguay denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los activistas por los derechos LGTBI aplaudieron “avances” como la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio de los Estados Unidos, la reglamentación de la ley de identidad de género en Argentina o la aprobación de la ley de unión civil entre homosexuales en Chile.
En contraste, lamentaron que el Gobierno “queda cada vez más rezagado” del resto de países de la región, debido a que “mantiene una actitud antiderechos” y además “niega la existencia de la discriminación” hacia personas LGTBI.
La Coalición LGTBI reconoció la importancia del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios provocados en 1969 por las protestas contra las redadas homofóbicas en el bar Stonewall Inn de Nueva York (Estados Unidos).
Sin embargo, recordó que la organización no se adhiere a los festejos por este día, dado que en Paraguay se conmemora en otra fecha, el 30 de septiembre de 1959, día en que bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se publicó en un medio de comunicación de tirada nacional una protesta anónima contra la persecución hacia personas LGTBI.
Paraguay no posee ninguna ley que regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, reclaman que es el único Estado de la región que no cuenta con una ley contra toda forma de discriminación.
