ENCARNACIÓN
Acompañados por el abogado Antonio Yeza, dos rematadores públicos de la Circunscripción Judicial de la República radicaron una denuncia penal por producción de documentos no auténticos. “Con esto queremos que se investigue la monopolización de solo cinco personas, todas ellas con radicación fuera de Itapúa, que se benefician con los remates millonarios, desde hace dos años”, explicaba Yeza.
La denuncia fue presentada ante la abogada Elsa Ketterman. Estos remates se sortean en las oficinas de garantías constitucionales, pero curiosamente las adjudicaciones siempre benefician al mismo grupo de personas. “Es bastante llamativo (...), la Superintendencia de la Corte hace oídos sordos a las denuncias”, afirmó el abogado.
Los denunciantes coincidieron en señalar que se trata de una rosca instalada en el Poder Judicial, a quienes nadie siquiera los molesta.
Unos USD 2 millones y 1.800.000 de la misma moneda son los remates que caen en manos de estas cinco personas, amigas entre ellas. “Estamos cansados y por eso acudimos a ÚH, ya no podemos soportar esta situación y si no se hace público nadie pareciera querer moverse, indudablemente, estas personas gozan de la protección de gente importante del Poder Judicial en Asunción”, explicaba Jorge Acuña, rematador.
MÁS DE G. 700 MILLONES. Solo en el 2016 y como parte de las designaciones cobradas por este grupo, en principio se maneja un monto superior a los G. 700 millones, sin poder establecerse las designaciones en su totalidad.
Rodrigo Velázquez es hermano de Mabel Velázquez, estos dos hermanos son amigos cercanos de Atilio Estigarribia, aparentemente, líder de este grupo. Este último decidió incluir a su esposa, Maribel Espínola, y también a Raúl Sosa Navarro, quien a su vez es amigo de Atilio y Rodrigo, según la denuncia.
