La comunidad indígena que habita en el departamento de Boquerón, en el Chaco, y ya afectada por la deforestación ilegal, descubrió la semana pasada a supuestos empleados de la firma Itapoti S.A. instalando postes y cercas para apropiarse de gran parte de la reserva.
De acuerdo con el escrito presentado a la Fiscalía, se trata de “una conducta reiterada y reincidente de los responsables de la firma Itapoti S.A.”, de la que es dueño Wildo González.
La denuncia fue efectuada por un grupo de los ayoreo totobiegosode que vive fuera del aislamiento desde hace años y que se encarga de controlar el territorio para evitar los continuos intentos de depredar sus bosques por parte de extraños.
El grupo, que iba acompañado de personal de la ONG Gente Ambiente y Desarrollo, aseguró que los empleados de la firma portaban herramientas de todo tipo y habían instalado un campamento en la reserva.
Solicitaron además la actuación “efectiva y rápida de las autoridades, a fin de hacer justicia y evitar un posible enfrentamiento”.
Y recordaron también que los hechos denunciados “ponen igualmente en riesgo la vida de los que se mantienen aislados y se desplazan dentro del territorio que fue declarado y registrado por el Estado paraguayo como Patrimonio Natural y Cultural” de este pueblo.
Uno de los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Vannuchi, visitó recientemente Paraguay ante la “preocupación” por la situación de riesgo que vive el último pueblo indígena aislado en América fuera de la Amazonía debido a la tala ilegal.
La comunidad indígena acusa también a la empresa brasileña Yaguareté Porá, que posee 78.500 hectáreas en la zona, considerada territorio ancestral de los nativos, de talar de forma ilegal unas 4.000 hectáreas de bosques entre abril y septiembre de este año.
La comunidad denunció a la empresa por deforestar su finca e incluso por cortar árboles ilegalmente en la reserva natural titulada a nombre de los indígenas.
Los ayoreo totobiegosode recalcan que la deforestación no solo pone en peligro el ecosistema único del Chaco Boreal, sino la supervivencia de sus familiares, que rehusaron salir del bosque y el contacto con la civilización occidental.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido tres sentencias en contra de Paraguay por la violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el país, que el Gobierno aún no ha cumplido.
