El legislador dijo lamentar haber opuesto a la iniciativa de su colega el liberal, Édgar Acosta, que pretendía liberar el registro, justamente para evitar los negociados en el otorgamiento del registro.
Según la denuncia, todo ese proceso está viciado, por lo que solicitó que la convocatoria sea suspendida. “Intermediarios de los señores integrantes del tribunal conformado por los ministros Óscar Bajac, Miriam Peña y Raúl Torres Kirmser, que otorgarán esa posibilidad al ciudadano que tiene esa profesión, para que tengan el registro, son denunciados de ir hasta los interesados y pedir recursos a nombre de ellos. Inclusive, en algunos casos, hay escribanos de escasos recursos que han caído y han otorgado 40.000 dólares, 80.000 dólares. Llegaron a la suma vergonzosa de pedir 200.000 dólares para otorgar los registros de escribanos”, lamentó Romero.
Ante esta situación, el liberal Juan Bartolomé Ramírez solicitó la aprobación de un proyecto de resolución que exhorta a la Corte Suprema de Justicia, a suspender de forma temporal el proceso de concurso público de oposición para ocupar cargos en el registro público, hasta que sean esclarecidas las denuncias y las sospechas.
Ramírez calificó de “muy grave” la denuncia realizada por su colega y manifestó que debe ser analizada con toda consideración.