24 abr. 2024

Denuncian bullying tributario

La Administración Tributaria se dedica a realizar en los últimos tiempos un bullying tributario a los contribuyentes, con intimaciones extorsivas y bloqueos de RUC ilegales, contra el principio constitucional del derecho a la defensa y lo determinado en la Ley 125 Art. 212/225, en cuanto a que las sanciones deben ser determinadas en un sumario, denunciaron ayer varias organizaciones de contadores.

El Colegio de Contadores, el Movimiento Resistencia Contable del Paraguay, la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas y varias filiales de estas organizaciones en el país coincidieron en exponer sus reclamos ante la actuación de la SET en torno a la aplicación del impuesto a la renta personal (IRP).

De acuerdo con el comunicado, la Administración Tributaria ha intimado a numerosos contribuyentes del IRP a rectificar desde 2012 a 2015 algunos campos de las declaraciones juradas (DDJJ) de impuesto, sin apegarse al principio de legalidad que tienen que tener todas sus actuaciones.

“Defendemos la aplicación correcta de las leyes (principio de legalidad) y en tal sentido exigimos el respeto de lo establecido en el Art. 13 numeral 3 inciso “d” del IRP, que considera todas las inversiones como deducibles”, expresa parte del documento.

Los gremios citados consideran en el escrito que la SET es la única culpable de la inducción a la interpretación incorrecta de lo establecido en la ley, y, por ende, el direccionamiento al contribuyente a efectuar en forma incorrecta la liquidación de sus impuestos, en base a material o instructivo de difusión masiva.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.