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Editorial
viernes 24 de marzo de 2017, 02:00

Denuncia a ex intendentes crea precedente contra la impunidad

La denuncia presentada ante la Fiscalía por el actual intendente de Encarnación, Luis Yd, contra cuatro jefes comunales que le precedieron en el cargo, acusados de varios presuntos delitos que implican un daño patrimonial de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes de las arcas municipales, sienta un importante precedente en la lucha contra la impunidad ante la corrupción. La auditoría se pudo llevar a cabo mediante la movilización y presión de una gran parte de la ciudadanía encarnacena, a través de una campaña denominada ¿Dónde está la plata? Es de esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan debidamente a esta expectativa cívica de transparencia y justicia, y no terminen apañando a una claque política amiga del poder, como ha ocurrido en otros casos.

Tal como se esperaba, el intendente municipal de Encarnación, Luis Yd, presentó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra cuatro ex jefes comunales colorados que le precedieron en el cargo, a quienes se acusa de presuntos delitos cometidos durante sus administraciones, según los resultados de la última auditoría externa realizada, en donde se refleja un daño patrimonial a las arcas municipales, estimado en unos 2.000 millones de guaraníes.

La presentación ante la Justicia es el corolario de un importante proceso de acción ciudadana en la capital del Departamento de Itapúa, desde que en las elecciones municipales del 2015 el voto popular puso fin a un periodo de 75 años de permanencia del Partido Colorado en el poder de la región, al elegir como intendente a un opositor, en este caso el candidato Luis Yd, apoyado por un amplio frente de partidos y movimientos.

Una de las principales exigencias de los sectores ciudadanos al nuevo intendente fue el de realizar una auditoría externa de las gestiones de los anteriores intendentes, ante la presunción de que se habían cometido varias irregularidades, principalmente en la adjudicación de obras públicas y la malversación de fondos municipales.

En febrero de 2016, el intendente Yd pidió a la Junta Municipal encarnacena, en donde el Partido Colorado mantiene una mayoría de 8 concejales, que se autorice la contratación de un servicio de auditoría externa para revisar la gestión de los anteriores gobiernos comunales. Los concejales del llamado G-8 negaron el pedido, con el pretexto de que la auditoría externa iba a resultar muy cara y no había dinero suficiente.

Ante esta situación, los sectores ciudadanos iniciaron una gran movilización y una colecta pública para recaudar el dinero que pueda cubrir el costo de la auditoría. Ante la presión, los concejales debieron rever su postura y acabaron autorizando la contratación de la auditoría, que tras varios meses reveló que durante la gestión de los intendentes colorados Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto, del 2006 al 2015, se produjo un millonario daño patrimonial.

La denuncia contra los cuatro ex jefes comunales es por lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y apropiación y producción de documentos no auténticos.

El caso establece un importante precedente en la lucha contra la impunidad ante la corrupción.

Es de esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan debidamente a esta expectativa cívica de transparencia y justicia, y no terminen apañando a una claque política amiga del poder, como ha ocurrido en otros casos.