Ex Senador Nacional
De un tiempo a esta parte la preocupación por la influencia determinante del dinero en la política y, en particular, en las campañas electorales se hace más fuerte, no solo en el Paraguay , sino también en otros países de la región.
El antecedente en nuestro país es la Ley Electoral N° 1 de 1990, que establece pautas de uso del dinero público en lo relativo a aportes y subsidios. Es obvio que el Estatuto Electoral, Ley N° 886, de la dictadura de Alfredo Stroessner no hacía referencia alguna al uso del dinero en política, ¡porque se regía por el uso del palo y el plomo! Recordar la norma de los dictadores: “A los amigos plata..., a los indiferentes palo y a los enemigos... ¡plomo!
En nuestro caso –que nos ocupa y preocupa–, revisando la Ley Nº 4743/12 que regula el Financiamiento Político, y la Resolución Nº 233/15 del TSJE que reglamenta la ley, vemos que en su redacción establecen pautas, límites y modos de control del dinero. Lamentablemente, estas normas son de hecho letra muerta; quienes deseen confirmar la superficialidad de las rendiciones de cuentas de los partidos políticos –salvo excepciones–, pueden ingresar al sitio web de la Justicia Electoral.
La pauperización en el ámbito electoral y la pérdida de credibilidad de los políticos se hace cada día más elocuente; ¡y la necesidad de recursos para lograr resultados también! Pareciera que la democracia, representativa y participativa, según la Constitución Nacional, viene cediendo terreno en “beneficio” de la clepto-narcocracia (gobierno de ladrones o de narcotraficantes). Cuando mencionamos el “dinero” nos referimos al obtenido de acciones delictuales criminales, tales como el narcotráfico, la evasión, el contrabando, negociados con (o mejor dicho contra) el Estado, tráfico de influencia u otras actividades marginales.
Sin duda alguna, las características de nuestra economía, en un alto grado aún informal, dificulta el control. Aun así es fundamental que las instituciones responsables tomen cartas en el asunto. La Contraloría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Ministerio Público deben poner fin a los graves problemas de orden político y electoral que genera el dinero malhabido en perjuicio de una verdadera democracia. Y sabemos que esto solo será posible si una ciudadanía activa, vigilante y movilizada presiona en tal sentido y exige se ponga fin a esta amenazante realidad.
Como ejemplo de la inacción de las autoridades pertinentes basta ver la nula reacción ante la publicación de expresiones del propio presidente de la República sobre aportes de dinero a campañas electorales en los años 2013 y 2015, violando normas electorales que establecen topes a aportes de personas físicas (Ley Nº 4743/12, artículos 68 y 282 incisos F y E, respectivamente).
¡Se impone que la ciudadanía tome cartas en el asunto! ¡Caso contrario, los detentadores del dinero sucio o de dudoso origen manejarán nuestro destino y el de generaciones venideras! ¡Aún estamos a tiempo!
