Considera que a través de la misma se podrían obtener datos precisos de los agricultores y los productores, especificando fincas o inmuebles.
También los ocupantes, detallando el número de personas que residen y dependen de la explotación de dichas parcelas; que la discriminación sea por edad, sexo y capacidad laboral, y si son propietarios de las tierras.
Además, las cargas económicas o deudas derivadas del trabajo agropecuario, en cuanto a su naturaleza si son a sola firma, hipotecarias o ejecutivas; las entidades acreedoras, banca pública, Crédito Agrícola de Habilitación o bancos y financieras privados.
En el documento, Godoy sugiere que una vez terminado todo el trámite y esté promulgada la ley que crea esta dirección, se establezcan las eventuales soluciones. Contando con estos datos se plantearán recomendaciones.