La Dirección de Derechos de los Habitantes de la Defensoría del Pueblo dictaminó que existe violación al Art. Constitucional 109 del “Derecho a la propiedad privada”.
En el dictamen se señala además que el afectado puede solicitar por vías judiciales una indemnización por daños y perjuicios, en esta ocasión por la mala gestión o negligencia del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert. El ente realizará el seguimiento correspondiente, en caso de ser solicitado, para un control del debido proceso.
Justo Cárdenas, titular del Indert, firmó en enero de 2014 una resolución por la cual desestimó las pretensiones de Roberto Benítez Giménez, sobre el lote que hoy ocupa Cartes. Este documento deja en evidencia la intención de blanqueo a la ocupación ilegal por parte del mandatario de unas 18 hectáreas en Amambay. Hasta hoy, las tierras no fueron revertidas al patrimonio de la institución, pese a que el mismo Cárdenas había reconocido la ocupación ilegal de Cartes.