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domingo 10 de julio de 2016, 18:42

Defensa está segura de la absolución de los procesados por el caso Curuguaty

Si el Tribunal de Sentencia obra en derecho deben ser absueltos los campesinos procesados por la matanza de Curuguaty, aseguró el abogado Víctor Azuaga, quien forma parte de la defensa de los labriegos. Argumentó varias irregularidades durante la investigación fiscal y en el desarrollo del juicio oral y público.

El juicio oral y público por la matanza de once campesinos y seis policías ocurrida el 15 de junio del 2012 en Curuguaty entra en su etapa final con la lectura de la sentencia, que se realizará este lunes a partir de las 13.00 en el Palacio de Justicia de Asunción.

A cuatro años del trágico suceso continúan las polémicas y denuncias de irregularidades en el proceso judicial. ¿Qué pasó en Curuguaty?, pasó de ser una pregunta a una bandera de lucha cuya respuesta sigue en la incertidumbre hoy día.

Los procesados por este caso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Juan Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Felipe Nery Urbina.

La Fiscalía solicitó para Rubén Villalba una sanción de 30 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad. Requirieron condenas de 25, 20, 8 y 5 años de encierro, por homicidio doloso consumado y tentado. Sin embargo, la defensa está confiada en que los acusados serán absueltos y posteriormente liberados por el Tribunal de Sentencia. "Tenemos la esperanza y la confianza de que así sea", expresó el abogado Víctor Aguayo a ULTIMAHORA.COM.

Entre las irregularidades mencionó que los fiscales del caso, Néstor Ruíz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero, presentaron una nueva acusación durante el desarrollo del juicio oral sin correr traslado a la contraparte para ejercer la defensa.

En los alegatos se dio un giro a la acusación inicial de la Fiscalía. En principio, el entonces fiscal Jalil Rachid había dicho que no podía probar quién disparó a quién, por lo que solo era homicidio tentado. No obstante, ahora se habla de homicidio doloso.

"Si se dicta una sentencia con relación a eso, el proceso va camino a la nulidad en segunda instancia porque no se puede dictar una resolución con ese cambio de figura", afirmó.

Ratificó que el Ministerio Público no fue capaz de demostrar la responsabilidad de los campesinos durante la diligencia, ni con la presentación de pruebas ni con la presencia de más de 190 testigos. Además, se mostró confiado en la actuación del Tribunal de Sentencia.

"Si el Tribunal obra en derecho se debe dar la absolución, pero si emiten una sentencia política se exponen a graves consecuencias. No hay elementos ni indicios para poder incriminarle a los 11 procesados", aseguró.

A esto se debe sumar que la investigación fiscal fue cuestionada por diversos organismos sociales por su parcialidad. Varias veces se reclamó que solo se indagó sobre la muerte de los efectivos policiales y no así de los labriegos.

Tampoco se hizo hincapié en que las tierras, escenario del infausto hecho, siguen en conflicto entre el Estado y la empresa Campos Morombí. La Corte Suprema de Justicia todavía no se expidió al respecto.

En el juicio también existieron otras contradicciones cuando la Fiscalía identificó a Rubén Villalba con camisa colorada y una escopeta. Para la defensa, el campesino vestido de rojo era Avelino Pindú Espínola.

Otra contradicción fue que la defensa apuntó a que hubo fuego cruzado entre los policías. Los fiscales, por su lado, dijeron que los campesinos dispararon a los policías. Inclusive en la acusación fiscal afirmaron que los efectivos policiales ingresaron sin portar armas. Ante esto, los policías se ratificaron ante el Tribunal de Sentencia.

Pero la Fiscalía finalmente admitió que los uniformados utilizaron sus armas reglamentarias al ingresar a Marina Cué, ya que en las fotografía principal exhibida como evidencia se ve a dos uniformados con armas de guerra, pistolas y revólveres reglamentarios.

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