La Corte estimó el recurso presentado por varias ONG contra la decisión del Ejecutivo de Uhuru Kenyatta, que anunció que cerraría el campo de Dadaab el pasado noviembre, lo que obligaba a más de 260.000 refugiados somalís a volver su país, informó hoy Amnistía Internacional (AI).
En su fallo, el magistrado Justice John Mativo afirma que forzar la repatriación de los refugiados a Somalia, que carece de servicios básicos ni garantiza su seguridad representa “un acto de persecución para los refugiados somalís”.
El juez también considera que el ministro de Interior, Joseph Nkaissery, y su secretario de Estado, Karanja Kibicho, se excedieron en sus competencias al emitir la directiva para cerrar el campamento.
Por su parte, el titular de Interior alegó que la repatriación se ha hecho de forma “humana”, con un presupuesto de un billón de chelines (9 millones de euros) destinado por el Gobierno.
“Detener el cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial en el respeto y la protección de los derechos de los refugiados. Ahora, Kenia y la comunidad internacional deben trabajar para encontrar soluciones alternativas”, dijo el director regional de AI, Muthoni Wanyeki.
El Gobierno decidió el pasado noviembre retrasar dicho cierre seis meses más alegando “motivos humanitarios”, por lo que su desmantelamiento se iba a producir el próximo mayo.
“Hoy es un día histórico para más de un cuarto de millón de refugiados que corren el riesgo de ser devueltos a la fuerza a Somalia, donde estarían en grave riesgo de sufrir abusos de sus derechos humanos”, añadió Wanyeki, en un comunicado.
El Gobierno justifica el cierre por cuestiones de “seguridad nacional”, al asegurar que los terroristas se mezclan entre los refugiados para planear atentados, y ofreceo solo la opción de volver a Somalia.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) negocia desde hace tiempo con las autoridades kenianas un plan que permita el cierre sin ninguna repatriación forzosa.
El cierre del campamento de Dadaab, que está en pie desde hace 25 años, ha suscitado muchas críticas internacionales debido a la dificultad y el peligro que supone repatriar a esas personas a un país que todavía vive en guerra y bajo la amenaza constante de los extremistas de Al Shabab.
