El caso se basa en la denuncia de supuesta adquisición de aparatos tecnológicos para la vigilancia y seguimiento de investigaciones por un valor de USD 2.500.000, sin ninguna autorización ni justificación, cuando Francisco de Vargas se desempeñaba como titular de la cartera del Interior, informaron desde la Fiscalía.
En el documento, De Vargas manifiesta que existe causa de justificación para recusar al representante del Ministerio Público, teniendo en cuenta que ambas personas se han presentado a concurso para fiscal general del Estado.
Además, considera que sería poco ético, ya que el fiscal es representante del organismo acusador en la causa en la cual es investigado Francisco de Vargas.
