El secretario de Estado prefirió ser prudente al hablar sobre el ataque ocurrido el pasado sábado en el establecimiento Pindó S.A., ubicada en Naranjito, distrito de Ybyrarobana, a 70 kilómetros de Curuguaty.
Ocho encargados de seguridad fueron reducidos, mientras se quemaban dos casas, galpones y termos de embriones de ganados de la raza Brangus, que tenían un valor de USD 100.000. La pérdida total ascendería a unos USD 500.000.
Francisco de Vargas dijo que no puede señalar abiertamente a un grupo porque hasta el momento no tiene pruebas fehacientes y de hacerlo se expone a acciones judiciales.
No obstante, refirió que desde hace tiempo cuentan con informes de inteligencia sobre personas que buscan manipular los intereses de grupos sociales y actúan como lo hicieron el fin de semana.
“Hay gente que busca manipular los intereses colectivos de grupos sociales con el único interés de replicar la historia política reciente de nuestro país”, afirmó con relación a la masacre de Curuguaty ocurrida en junio del 2012, en la que 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida tras un enfrentamiento.
Mencionó que no es fácil realizar el allanamiento a un asentamiento campesino, con unas 300 personas, por temor a que ocurra una situación similar a la de Marina Cué y de ser responsables de 15 o 20 muertes.
Sobre el caso específico de Pindó, expresó que existen dos asentamientos instalados en la propiedad de más de 4.000 hectáreas. Uno de ellos está a unos 1.000 metros de la administración central del predio. De Vargas cree que serían de ese lugar las personas que atacaron la estancia.
“Los denunciantes o propietarios refieren que bajo excusa de recuperación de tierra el interés real está sobre la madera que hay en esta reserva forestal”, afirmó el ministro a la 780 AM.
También señaló que la declaración de los ocho testigos será fundamental para individualizar a algunas de las personas que realizaron el ataque para luego emitir una orden de captura. “Si uno procede a un allanamiento masivo y si los responsables no están individualizados, serán puestas en libertad en las 24 horas”, expresó.
Si bien los denunciantes apuntaron a que campesinos de la zona fueron los responsables, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) negó que haya participado del suceso.
En la propiedad viven familias campesinas. Ya existe una orden de desalojo que está a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, quien aún no la ejecutó, debido a que existe un protocolo a seguir para efectuar dicha orden.
