29 mar. 2024

“De Tacumbú me avisaron que corría el proyecto de sentencia de Cajubi”

El abogado Rafael Fernández negó que haya accedido al fallo que según denuncia de los camaristas se extravió. Además, dijo que no es pariente “ni por transfusión sanguínea” del magistrado Neri Villalba.

Querellante.  Abogado Rafael Fernández en la Redacción.

Querellante. Abogado Rafael Fernández en la Redacción.

El abogado Rafael Fernández, que representa a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional (Cajubi), negó que haya accedido a la copia de la sentencia que según los camaristas se extravío el 12 de mayo pasado, cuando este les recusó.

“Desde Tacumbú me avisaron que corría un proyecto de sentencia”, alegó. Incluso, Fernández refirió que le dijeron el sentido de los votos. Explicó que Carmelo Castiglioni y Eusebio Melgarejo votaron a favor de los acusados y Neri Villalba en contra.

Esto, tras la publicación del pasado lunes de ÚH, en la que se mostraron los informes de los camaristas recusados Carmelo Castiglioni y Eusebio Melgarejo, que acusaron a su colega Neri Villalba de haber ocultado el fallo ya con las tres firmas y filtrado su contenido a la querella, representada por Fernández.

El abogado querellante remarcó que hasta ahí, tras las llamadas desde Tacumbú, no sabía nada, pero después, ya desde los tribunales, le informaron de las visitas de la abogada Estela López al camarista Castiglioni, con lo que recusó a estos por parcialidad manifiesta.

Negó categóricamente que haya accedido al fallo que dicen los camaristas, y que mucho menos haya tenido una copia de la resolución, o que esta le fue dada por Neri Villalba.

NO PARIENTES. Por otro lado, la recusación de los abogados de los condenados Cíbar Insfrán, José Szwako y Félix Villamayor, contra Neri Villalba habla de que era pariente del abogado querellante Rafael Fernández.

“Neri Villalba no es mi pariente, nunca fue y nunca será, porque no existe tal parentesco ni por transfusión de sangre”, acotó Fernández, en réplica a lo alegado en la recusación, por lo menos sobre este punto.

Fernández aprovechó para aclarar que el contrato firmado el 18 de mayo de 2012 con la Cajubi por 4 millones de dólares, más un plus del 7,5% de lo recuperado, no está en vigencia.

Agregó un contrato de fecha 18 de diciembre de 2014, por el que se dejó sin efecto dicho documento. Según el citado acuerdo, el valor del trabajo no excederá de USD 1.500.000. Acotó que incluso fue denunciado e investigado por la fiscalía por el contrato, y la causa fue desestimada porque no había ningún delito.

Querella pidió la sanción y cancelación de la personería

El abogado querellante Rafael Fernández pidió la sanción y cancelación de la personería de los abogados Estela López y Nicolás Gaona Irún, defensores de los condenados Cíbar Insfrán, José Szwako y Félix Villamayor.

El pedido fue hecho ante el presidente de la Corte, supuestamente porque litigaron de mala fe, ya que plantearon una acción ante la Sala Constitucional de la Corte, y tras ser rechazada, junto con la aclaratoria, promovieron el recurso extraordinario de casación.

Además, sostiene que los tres condenados aún tienen a los abogados Guillermo Duarte y Claudio Lovera como defensores, ya que sus poderes nunca fueron revocados.

Argumenta que los jueces tienen la obligación de cancelar la personería de los mismos, y luego rechaza las expresiones de que es pariente de Neri Villalba, o que este le haya entregado las copias del fallo. Critica la supuesta contradicción de la recusación de la defensa, y la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento a Villalba.

COMUNICADO. Por otro lado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), dio a conocer un comunicado donde prácticamente ratifican la postura de Fernández.

Remarca que el contrato por 4 millones de dólares, más los 7,5% de comisión, no está vigente. Que Fernández fue contratado por un monto inferior. Que incluso fueron investigados por el contrato, y la causa fue desestimada tras 3 años.

También alaban la gestión investigativa de la Fiscalía y de la Corte al impartir justicia. Alegan que se probaron los hechos acusados.

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