Dos eran los departamentos del país que fueron sometidos a una injusta y dramática marginación durante la era stronista: Concepción y Ñeembucú. Su peor pecado consistió en haberse constituido en baluartes de la oposición en las peores épocas del coloradismo fascista. Aún hoy resuenan los ecos de aquel inmerecido desprecio.
Ahora mismo, Ñeembucú vive una dura prueba de la que el Gobierno Central se desentiende con alevosa indiferencia.
Prácticamente no hay semana durante la cual la población de aquel departamento del Sur no protagonice una manifestación en contra de la pretensión argentina de instalar una peligrosa planta enriquecedora de uranio en la vecina provincia de Formosa. Y con justificada razón, por cierto.
Por mucho menos que eso, cuando el Uruguay proyectaba establecer una fábrica de papel sobre su río homónimo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió, sin demasiada discusión, entablar una demanda contra su vecino en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, alegando la eventual contaminación del cauce fluvial.
Sabido es el peligroso alcance que una planta enriquecedora de uranio representa para la seguridad de la población que se encuentra ubicada en muchos kilómetros a la redonda de la misma.
De hecho, la instalación en Formosa surgió luego de que los habitantes de Córdoba rechazaran la intención del Gobierno federal argentino de establecer la planta en su provincia.
Para colmo de males, el proyecto nuclear del gobierno de Cristina Fernández prosperó en abierta contravención de la Convención sobre Seguridad Nuclear, adoptada por la OIEA, el 17 de junio de 1994, en razón de la cual debía, primeramente, informarnos acerca del alcance de su plan.
Sorprendentemente, el canciller Eladio Loizaga encuentra absolutamente natural y justificado todo lo que Argentina planifica hacer en Formosa. Es más, ya advirtió públicamente a la población que el Paraguay no tiene “derecho” a impedir que el vecino país concrete sus aspiraciones nucleares, citando incluso, a modo de ejemplo, ciertas instalaciones nucleares de Francia o Alemania.
Ante su insólita defensa del proyecto kirchnerista, le asiste al ciudadano el razonable derecho de preguntarse: ¿De qué país es canciller el señor Loizaga?, ¿los intereses de qué nación defiende?, ¿la seguridad de qué habitantes protege?
Por lo pronto, su controvertida actitud ya nos está proporcionando algunas reveladoras respuestas.