El desempolvado juicio político a la Corte Suprema de Justicia aprobado en diciembre del 2014 por la Cámara de Diputados a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, desató una guerra de acusaciones y mostró el clima del internismo en los partidos tradicionales, donde el 2018 se juega con mayor fuerza.
En ese entonces, parecía inexorable la suerte de los altos magistrados, pero la oposición junto a algunos colorados bloquearon en Senado la ejecución. El tema quedó en el freezer por más de un año y se descongeló estos días.
Sin embargo, esta decisión no significa que existan los 30 votos necesarios para la destitución. Cifra que por cierto requiere un alto consenso político. Los bloques partidarios están otra vez subdivididos de dos y hasta en tres partes, como sucede en la ANR.
CALDO PARA EL SOBORNO. Cuando se abre en el escenario político la posibilidad de un juicio político, se instala paralelamente el negocio del soborno y la extorsión. La víctima (el enjuiciado) se ve obligada a pagar para evitar el proceso, pero a la vez extorsiona con su poder, especialmente a aquellos políticos con pecados de corrupción y procesos judiciales.
Cuando el Senado congeló el juicio político fue para “dar una lección a Cartes”. Y hace más de un año que los tres ministros están con la espada de Damocles encima, abriendo un periodo de incertidumbre y provocando una situación absolutamente irregular de sometimiento de un poder sobre otro.
Este estado anómalo dio pie a rumores de todo tipo. Los citados ministros llevados al banquillo empezaron con fuertes lobbies para evitarlo. Un diputado comentó una vez, off the record, que una noche un ministro llegó a su casa con un maletín repleto de billetes. Pero el diputado liberal le respondió que el partido ya había tomado la decisión. “Sos mi amigo, pero no puedo traicionar a mi líder”, le respondió. El ministro entendió. Él llegó a la Corte Suprema de la mano de su partido y comprendía perfectamente los tiempos políticos y que uno termina reducido a categoría de fusible en un momento dado.
El lobby no funcionó en Diputados, que aprobó el enjuiciamiento por 59 votos de 80.
Ahora volvieron las fuertes versiones sobre ofrecimiento de dinero para trabar el juicio y salpica especialmente al PLRA. Es que sugestivamente un grupo vinculado a Efraín Alegre y Enrique Salyn Buzarquis, ambos por cierto candidatos a presidir el Directorio, plantearon revocar la resolución por la que el partido apoyó el juicio político. Se habla de cifras millonarias por cada voto: 200.000 dólares. Fernando Silva Facetti y Miguel A. Saguier no ahorran calificativos contra Alegre. Este responde que si se pretende renovación, se debe cambiar a los 9 y no caer en la trampa cartista. En este contexto de acusaciones de soborno, también se apunta al presidente de la República.
Pocos creen, pero en política el dinero, a veces, muy pocas veces, no vale nada. Es cuando los partidos, por supervivencia, por conveniencia, o la razón que fuere, toman decisiones que el dinero no puede torcer. El finiquito de varios juicios políticos así lo confirma. Los presupuestos políticos van mucho más allá de un abultado maletín.
DEFINICIÓN. Hoy, coincidentemente con el reinicio de actividades del Parlamento, vuelve al tapete el tema, provocando polvareda política.
Por de pronto hay acuerdos para tratar el asunto y hasta definieron un reglamento para evitar un juicio exprés (como sucedió con Fernando Lugo). Se hará un juicio por vez. Si se concreta la destitución, se iniciará el proceso para llenar la vacancia, cuya duración sería tres meses como mínimo. Completado el mecanismo de sustitución, se procederá al juicio del segundo ministro, y así sucesivamente.
Este escenario abre muchas posibilidades: Uno, que se concrete la destitución de los 3. La pregunta es si se repetirá el cuoteo para llenar las vacancias (2 liberales y 1 colorado). Dos; que solo vaya 1 o máximo 2. El largo tiempo del proceso conspira contra los acuerdos coyunturales y es probable que uno o dos se salven por acuerdos o desacuerdos políticos posteriores. Tres; que ninguno sea destituido. Este escenario es el peor de todos, y lo saben incluso aquellos que defienden la permanencia con edulcoradas posiciones o sofismas. Sostener a los actuales ministros es una carga política muy pesada porque la gestión está salpicada por dos problemas principales de la Justicia: la corrupción y la morosidad.
Hoy no existen los 30 votos para la destitución. Se abre un tiempo de incertidumbres y de alta tasación de los votos, que nada tiene que ver con la cotización de la Justicia, esa que apunta a elevar los valores de un poder que sigue con cuentas pendientes con la democracia.
Una cosa es cierta: esta situación irregular de indefinición ya no puede seguir. Ya sea destituyéndolos, ya sea salvándolos. Los mismos ministros son los principales interesados en dar corte a esta desenfrenada fiesta de la que solo se benefician los que viven de sobornos y extorsiones.
