El trabajo constante de todos los abogados que intervinieron fue poniendo cada cosa en su sitio. Con el tiempo fueron apareciendo pruebas que el fiscal ocultaba.
En vísperas de la sentencia se logró romper el olvido y cerco mediático en la TV, radios y prensa. Fue como un abrir los ojos colectivamente. Después de la condena, cuando se pregunta sobre Curuguaty, es ya frecuente el escuchar estas palabras llenas de pena: “Es una gran injusticia”. Y este sentimiento va convirtiéndose en acción “¿Qué podemos hacer para poner en libertad a estos campesinos inocentes?”.
En todo el país, de la confusión pasamos al rechazo y de este al compromiso en secundarios y universitarios, en asuncenos y otros campesinos organizados, en profesionales y algunos empresarios.
Curuguaty con la masacre (de policías y campesinos causada por la FOPE), con su sentencia injusta (que tienen que defender públicamente los presidentes de las organizaciones de ganaderos y agroexportadores porque se van quedando solos) ya es una causa nacional.
Inclusive es una causa internacional, porque de muchas naciones y organizaciones internacionales como ONU, OEA, UE, etc., nos llegan testimonios de repudio a esta injusticia. En esto los paraguayos y paraguayas emigrantes han tenido una parte muy importante.
Nos queda que en los plazos fijados por la ley se presenten las apelaciones nacionales e internacionales convenientes.
Y como, desgraciadamente el juicio de Curuguaty ha sido una causa política en manos de instigadores, nos queda que la presión popular descubra públicamente, para vergüenza, su culpabilidad.
Todavía nos queda un camino que recorrer, pero cada vez estamos más cerca de lograr la libertad de los injustamente encarcelados.
Luego, el trabajo no va a acabar. Hemos descubierto decenas de otros casos injustos en el Paraguay.
