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Política
domingo 17 de julio de 2016, 01:00

Curuguaty o la desidia de todos

La masacre de Curuguaty (15 de junio de 2012) sigue siendo una herida abierta en la sociedad, profundizada por la dura sentencia a los líderes campesinos. Es un caso paradigmático de la ancestral lucha por la tierra en Paraguay, la injusticia y la desidia política. No es un conflicto social más, allí murieron 11 campesinos y 6 policías, que derivó en crisis política con la destitución de un presidente de la República.

LA TIERRA. Las tierras de Marina Cué tienen 2.000 hectáreas aproximadamente y están ubicadas en Curuguaty, Canindeyú. Grupos de campesinos reclamaban esas parcelas porque eran del Estado, ya que en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya SA donó las tierras a la Marina paraguaya, de allí su nombre. En el 2004, en la era Nicanor Duarte Frutos, las mismas fueron declaradas de interés social para la reforma agraria. Pero la poderosa familia de Blas N. Riquelme reclamó como suyas y desató una batalla judicial por la tenencia por la vía de la usucapión, que ganó en tiempo récord. Entonces se desata el conflicto entre Riquelme y el Estado, con un árbitro (Poder Judicial) nada imparcial. En medio del conflicto, sucede la masacre y recientemente el presidente Horacio Cartes tiró la toalla y aceptó la “donación” de Campos Morombí, con lo que definió la paternidad del título. Marina Cué fue declarada “área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad”. Los Riquelme no se quedaron con las tierras, pero ganaron políticamente al evitar la colonización a favor de los campesinos.

LA MASACRE Y SUS EFECTOS. La noticia de la masacre sorprendió al país, pero más a Lugo, que primero quedó mudo, ensimismado y luego tomó decisiones erróneas que empeoraron la crisis que derivó en su destitución. A diferencia de lo que proclama ahora, el entonces presidente reaccionó a favor de la Policía, dándole su apoyo público tras los acontecimientos. Como decisión política, destituyó a su ministro del Interior, Carlos Filizzola, y según cuentan sus allegados, el primero en recibir una furibunda crítica fue su escudero, el senador campesino Sixto Pereira. A partir de allí, el escenario fue ganado por dudas, celos de los tres grupos de izquierda en el poder, la traición liberal y la jugada colorada para empujarlo al abismo. Por tanto, el gobierno de Lugo no puede desconectarse tan frívolamente de su responsabilidad política de los sucesos de Curuguaty.

LOS POLÍTICOS. ¿Por qué el Estado perdió las tierras? No hay otra palabra que defina mejor esta cuestión que la desidia, esa falta de interés en resolver un problema. Si bien Nicanor declaró vía decreto que esas tierras formaban parte de la reforma agraria, no hubo acción política ni jurídica decidida para cerrar el círculo, que era la titulación a favor del Indert. Nicanor al menos declaró de interés social; Lugo no movió un dedo, Franco rechazó la donación y peleó judicialmente, y Cartes remató el pleito aceptando la tesis Riquelme.

LA FISCALÍA Y LA JUSTICIA. Por la complejidad del tema, el caso Curuguaty debía estar en manos de fiscales con experiencia y probidad moral. Pero cayó en manos de Jalil Rachid, un desconocido que ganó fama por su prepotencia e impericia. Para colmo, es hijo de un conocido dirigente colorado, amigo de los Riquelme. Luego entró en escena el Tribunal de Sentencia con su polémico presidente, Ramón Trinidad Zelaya, quien en el 2006 entró esposado a Tacumbú acusado de recibir una coima. Fue liberado por falta de pruebas. La metáfora perfecta de la justicia.

LA SENTENCIA. Ni el más optimista terrateniente habrá imaginado la dura sentencia aplicada a los campesinos. Más allá de la responsabilidades en aquella masacre, la Fiscalía no pudo probar quién mató a quién, información básica para solicitar la condena por homicidio. En un golpe de honestidad, el mismo Jalil Rachid había admitido que no podía demostrar quién disparó a quién y por ello los cargos de homicidio eran por tentativa. Pero los fiscales sucesores cambiaron la calificación a homicidio doloso consumado, logrando las desmedidas condenas. El fundado temor con este fallo es la facilidad con que se condena con pruebas inexistentes o endebles, lo cual deja un precedente nefasto en la justicia. Tal vez Rubén Villalba y otros no sean tan inocentes como se admite bajo la mesa, pero a falta de pruebas no pueden ser condenados. Así de obvio, así de simple. “Ante la duda, a favor del reo”.

LA MOVILIZACIÓN. El fallo judicial del caso Curuguaty debe ser un motor de indignación ciudadana como una acción preventiva ante una aberración jurídica que puede replicarse gracias a esta jurisprudencia. Porque una sentencia basada en conjeturas es un peligro latente para todos, más allá de las ideologías.

Sin embargo, el sesgo político le resta fuerza. El desafío es convertir la movilización de izquierda en protesta ciudadana, sin carteles de progresistas versus conservadores. Una movilización ciudadana, multicolor, sin prejuicios ideológicos tiene más peso político y moral que una protesta partidaria. Son las que logran los cambios.

Mañana se conocerán los argumentos de la condena. Si es una simple copia del dictamen de la Fiscalía, la Justicia tiene sus mecanismos para repararla.