La prisión domiciliaria otorgada a los 5, ahora ex huelguistas de hambre de la causa Marina Cué o Curuguaty, constituye un importante logro de quienes emprendieron la medida de fuerza y de los distintos sectores nacionales e internacionales, organizados o no, que reclamaron y denunciaron la situación que ya reputaba un asunto de DDHH. Posiblemente haya antecedentes tan claros como este solo en épocas de la dictadura stronista cuando hubo situaciones que rayaron tal extremo.
Sin embargo, lo que sucedió inmediatamente después de producirse el alta y el retorno de los procesados a sus casas en Canindeyú, es inconcebible y constituye una derrota del buen juicio: La detención y remisión a la cárcel de Tacumbú, nuevamente, de Rubén Villalba por un proceso anterior ya extinto.
Estos dos ejemplos en uno no son más que muestras tan corrientes, tan frecuentes, tan comunes, de un modus operandi de los supuestos administradores de Justicia que en realidad son extensiones de los vaivenes y chapuceos políticos del Gobierno y el grupo de turno en el poder.
La nueva detención de uno de los ex huelguistas de hambre no es más que un pretexto, un chivo expiatorio maquillado de formalidad jurídica que en el fondo no es tal, sino un atropello más. ¿Por qué? Porque es una causa extinta, y si fuera culpable por una ocupación en Yasy Cañy en 2008, ya estuvo preso casi 2 años. Y porque Villalba entre todos los procesados y detenidos por el caso Curuguaty –sin pruebas reales ni contundencia jurídica– es quien conoce mejor lo que ocurrió el 22 de junio de 2012 y su testimonio es clave para esclarecer los móviles de la historia, por qué la Justicia no procesa a los Riquelme que usurpan aquellas tierras del Estado hace mucho tiempo y quienes orquestaron todo desde la esfera política.
Amordazar a los campesinos de Curuguaty sigue siendo al parecer la idea.
Tampoco se sabe si los otros 4 que están recuperándose en sus casas bajo prisión domiciliaria, luego de casi 2 meses de ayuno, estén seguros, más allá de la guardia policial. No hay que olvidar que Vidal Vega, de la Comisión de tierra que encabezó el ingreso a Marina Cué, y conocedor de las claves del caso, fue asesinado en su casa por desconocidos.
Así como va el proceso, lo que menos se vislumbra es que el caso se esclarezca, más allá de lo que ya se sabe por la denuncia de los organismos de DDHH y los afectados.
Lo visible es que hay ensañamiento, mala intención y deseos de no hacer justicia desde el propio fiscal Jalil Rachid, como de la estructura judicial y gubernamental.
