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Opinión
miércoles 13 de julio de 2016, 01:00

Curuguaty: Justicia del nuevo rumbo

Guido Rodríguez Alcalá
Por Guido Rodríguez Alcalá

La acusación nos divirtió al presentar, como prueba de la matanza de Curuguaty, un rollo de papel higiénico. Con eso no se mata a nadie, se comentaba; ¿por qué no presentaron un arma? Por cierto, se presentaron armas: un rifle de aire comprimido, tres escopetas que no se habían disparado, una que no se podía disparar. Como no podían matar a nadie, la Fiscalía debió plantar pruebas, como una escopeta calibre 12, que sí podía matar ("Escopeta presentada como evidencia fue robada 7 días después de la masacre", ABC, 2/8/13). También se ocultaron pruebas, como las cápsulas vacías de balas de la policía encontradas en el lugar del hecho (video "¿Qué pasó en Curuguaty?", entrevista de Carlos Peralta al fiscal Rachid, Radio 780, 3 de octubre de 2012); la filmación del operativo del 15 de julio de 2012 (http://nanduti.com.py/2016/06/10/roque-fleitas-le-mintio-al-tribunal-juzga-la-masacre).

Si recogieron hasta papel higiénico, ¿por qué se olvidaron de dos cadáveres?, preguntaban los críticos durante el proceso. Se referían a los encontrados al día siguiente de la intervención fiscal, hallados por los parientes, vecinos y periodistas. En rigor, se olvidaron de once: de esos dos y de los levantados el día del operativo fiscal. No está de más recordar el artículo 268 de la Constitución, sobre los deberes y atribuciones de la Fiscalía. El inciso 1 dice: "Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales". Mataron a once, hirieron, torturaron y apresaron y procesaron arbitrariamente a otros campesinos más; la Fiscalía, aparte de pedir condenas arbitrarias, debió investigar más. El inciso 2 dice que la Fiscalía debe: "Promover acción penal pública para defender el patrimonio público"; también se lo violó. El terreno de Marina Cué es del Estado; la Fiscalía declaró propietario Blas N. Riquelme; así lo premió a Riquelme, mientras echaba a balazos a los campesinos, que lo ocuparon con apoyo del Indert. Es una interpretación muy curiosa del artículo 46 de la Constitución, que establece el principio de la igualdad.

Con la Constitución, se dejó de lado el Código de Procedimientos Penales, cuyo artículo 4 dice: "Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable, o brindará información sobre él en este sentido a los medios de comunicación social". Desde el primer momento, la Fiscalía dijo a los medios que los imputados eran culpables. Artículo 280: "La Fiscalía recogerá todas las pruebas a favor y en contra del imputado"; hizo lo contrario. Artículo 315: "La Fiscalía no imputará cuando no tenga fundamentos"; imputó a su gusto.

No está de más recordar que el capitán Napoleón Ortigoza, el preso político más antiguo de América, pasó 25 años preso (1963-1988). Era la justicia de Stroessner. La Justicia del nuevo rumbo la superó al condenar a 35 años a Rubén Villalba, que ya lleva cuatro años preso. ¡Felicitaciones por el récord!