Curuguaty es afirmación del derecho de todo campesino a tener tierra para vivir y que es negado, de diversas maneras, a todos ellos.
Es descubrimiento de la corrupción existente en las instituciones estatales que descuidan inscripciones de tierras y se compran y venden en su ejercicio.
Es acusación contra el finado Riquelme, latifundista de tierras malhabidas y senador y presidente de la ANR.
Es denuncia contra el fiscal general del Estado, de los fiscales Jalil Rachid e Iliana Alcaraz y del Tribunal de Sentencia, todos con mal desempeño de sus funciones.
Es acusación contra la ANR, cuyos diputados y senadores votaron contra los campesinos de Curuguaty y a favor de la empresa Campos Morombí.
Es descubrimiento de las 40 hectáreas sembradas de marihuana en las tierras de Riquelme, que prueba la relación de latifundistas y narcos y que señala la pista del narcotráfico, que nunca fue investigada por los fiscales como causante de las 17 muertes.
Es señal de las ocho millones de hectáreas malhabidas y repartidas profusamente entre latifundistas y políticos con total impunidad.
Cito ahora solamente algunos datos sobre estos puntos. Más adelante, estos y otros serán profundizados con ayuda de especialistas.
Hoy lo que quiero decir es que la gran injusticia cometida contra los 6 policías y 11 campesinos inocentes masacrados en Marina Kue se vuelve como punta de lanza contra el sistema que la cometió.
Y tarde o temprano, más bien pronto, llegará el castigo.
