El juicio oral y público para los 12 campesinos acusados por la matanza de Curuguaty quedó nuevamente suspendido tras una nueva recusación al Tribunal de Sentencia por supuesta parcialidad y falta de independencia.
“Fueron testigos de la parcialidad de este Tribunal, estos magistrados no pueden juzgar esta causa y deben apartarse. Ellos están pagados por alguien, este Tribunal debe desaparecer”, fueron las palabras del abogado Víctor Azuaga a los medios de prensa.
El abogado de Lucía Agüero había solicitado la postergación del juicio atendiendo que recién el martes logró acceder a la carpeta fiscal y quería interiorizarse para ejercer el pleno derecho de la defensa. También pidió por la presencia de un intérprete del idioma guaraní.
Sin embargo, los jueces resolvieron no dar lugar a los incidentes planteados por la defensa y decidieron continuar con el juicio. Por ese motivo fueron recusados y el caso ahora deberá aguardar la decisión del Tribunal de Apelaciones.
“Esta es una justicia politizada. No puede ser que estos campesinos no tengan justicia, estos campesinos son inocentes”, sostuvo Azuaga, quien dejó entrever que algo pasa detrás del juicio contra los labriegos.
Sostuvo que esta clase de magistrados no pueden estar dentro del Poder Judicial y también hizo llegar sus críticas al Ministerio Público por la investigación del trágico suceso ocurrido en junio del 2012, donde perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías.
GRUPOS DE PODER. “Los que cometieron el hecho no están dentro de la investigación fiscal y ellos (fiscales) saben bien de dónde provino el disparo y de quién fue la planificación. Nunca investigaron a fondo esta cuestión”, sostuvo.
Azuaga pide la reapertura de la investigación y que se le castigue a los verdaderos responsables que no están incluidos en la investigación fiscal. “Están los grupos de poder detrás de esto”, sentenció.
El Tribunal de Sentencia está presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito Ramón González y Samuel Silvero. El fiscal que tuvo la investigación de la causa fue Jalil Rachid.
Es la segunda vez que el Tribunal de Sentencia es recusado. En la primera ocasión lo hizo el abogado Víctor Azuaga, quien tiene a su cargo la defensa de 11 campesinos. En esa oportunidad el Tribunal de Apelaciones confirmó a los magistrados en la causa.
El Ministerio Público acusó a los labriegos por delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso en grado de tentativa. Los procesados por esta última causa se exponen a la pena máxima de 25 años de cárcel.
Por esta causa están procesados: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores Peralta, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería.