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Economía
domingo 28 de mayo de 2017, 01:00

Cuotas accesibles promete la Senavitat para nuevo complejo

La demolición del complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, adquirido del IPS en el 2015 por la Senavitat, se inició para dar paso a la edificación en el lugar de un condominio para clase media. Se demolerá la estructura de hormigón armado que se instaló durante la construcción del complejo habitacional, pero que quedó detenida al nivel de la primera loza.

La parte que corresponde a la Senavitat será demolida siguiendo indicaciones del estudio realizado a las obras, mientras que el IPS derrumbará en su totalidad la parte que le corresponde, explicó la ministra de la Senavitat, Soledad Núñez.

El anteproyecto de la Senavitat divide el predio en 14 macrolotes, donde se colocará la infraestructura, como vías, agua, saneamiento, electricidad, al concluir la demolición, para luego trabajar con el sector privado a través de un nuevo mecanismo, pero siempre orientado en la línea de familias de ingresos medios.

La financiación de las obras de infraestructura, como alcantarillado, desagües, etc., está a cargo de Itaipú con una inversión de USD 20 millones.

“Queremos brindar la posibilidad de diferentes tipologías, llegar a cuotas accesibles con financiación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y con el Banco Nacional de Fomento, para que las condiciones sean óptimas y ventajosas”, aclaró Núñez.

La intención es desarrollar un modelo piloto de viviendas de alquiler social, con opción de compra, sirviendo como aval y garantía para el potencial comprador su aporte mensual del alquiler. El anteproyecto de Senavitat tiene previsto cerca de 3.000 soluciones a definir, de acuerdo con el sector privado, y mejorar la propuesta inicial de hace 20 años.

Según anunció Núñez en enero, los plazos para la entrega de las ofertas habitacionales, en vista de que se trata de un proyecto de gran volumen, se ajustaron a las especificaciones técnicas y se estarían cediendo en fases o etapas, mediante números de 500 a 600 soluciones habitacionales, con un cronograma calendarizado y detallado. La idea es que la cuota que deban abonar las familias adjudicadas no supere los G. 2 millones por unidad familiar.