Hay mucha coincidencia en que el caótico tráfico automotor asunceno no puede seguir así como está, con las unidades del transporte público que paran en cualquier lugar, con los automovilistas que estacionan en doble fila o sobre las franjas peatonales, con los llamados “cuidacoches” que se han adueñado del espacio público e imponen sus propia reglas extorsivas, y con la notoria ausencia de agentes de tránsito para imponer orden y sancionar a quienes violan las disposiciones viales.
El dilema es cómo se soluciona esta situación. Ante la imposibilidad de que el Municipio asuma con eficiencia su rol de control del tráfico, los miembros de la Junta Municipal de Asunción han autorizado ceder la concesión por 15 años del estacionamiento tarifado a una empresa privada, en este caso el consorcio Parxin, integrado por la empresa argentina Onix Parque SA y la paraguaya Geolatina SA, que en aproximadamente cuatro meses empezaría a implementarse en cuatro zonas de la capital: Centro, Sajonia, Villa Morra y Recoleta.
En un primer vistazo, hay cuestiones que llaman la atención. Ninguna de las empresas del consorcio tiene experiencia en administrar el estacionamiento tarifado. En las zonas geográficas delimitadas se combinan nuevas áreas comerciales con sectores residenciales tradicionales, lo cual genera un trato injusto para los vecinos residentes. Además, niega un derecho que los automovilistas contribuyentes capitalinos ya habían adquirido, que al abonar sus patentes en el Municipio de Asunción eran exonerados de pagar estacionamiento. Ahora solo tendrán derecho a dos horas gratis por día y luego a pagar la mitad de la tarifa por hora.
Pero el temor más recurrente es que al dejar un servicio público, que corresponde al gobierno municipal, en manos de empresas privadas, se imponga un criterio excesivamente recaudador, como ocurrió con la anterior experiencia de concesión del estacionamiento tarifado en los años 90, durante la gestión del intendente Carlos Filizzola, al Consorcio Estacionamiento Asunción (CEA), entre cuyos accionistas se hallaba el ex presidente Juan Carlos Wasmosy.
La manera en que operaban los inspectores de la empresa se interpretó como una implacable persecución contra los automovilistas para imponer elevadas multas, que finalmente incidió en que muchos comercios se trasladen a otras zonas de la ciudad y en la práctica se perjudique al microcentro. Esta situación obligó luego a que el intendente Enrique Riera deje sin efecto el contrato con el CEA.
La actual gestión del intendente asunceno, Mario Ferreiro, tiene ante sí una gran responsabilidad, extremando controles y cuidados para evitar que la nueva concesión del estacionamiento no se convierta en otro negociado.
