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Opinión
domingo 19 de marzo de 2017, 01:00

Cuatro preguntas sobre Curuguaty

Guido Rodríguez Alcalá

Después de víctima (asesinado, torturado, condenado) de Curuguaty, lo que menos me gustaría ser es juez de apelación de Curuguaty.

Lo digo considerando personas razonables a los tres funcionarios del tribunal integrado para expedirse sobre la sentencia de primera instancia; para expedirse es necesario comprender, y es imposible comprender lo incomprensible. ¿No me creen? ¡Que alguien conteste estas preguntas!

¿Quiénes fueron los homicidas? Supuestamente, los campesinos condenados. Sin embargo, el fiscal Jalil Rachid dijo que no tenía ninguna prueba de que ninguno de sus imputados hubiera matado a nadie, y por eso los imputaba solamente por tentativa de homicidio; una manera de acusar sin pruebas, y no fue lo peor. Rachid ascendió en el escalafón burocrático, y quienes lo reemplazaron cambiaron tentativa por hecho consumado.

Para matar hay que matar con algo: el tribunal sentenció que Rubén Villalba y Luis Olmedo mataron (aún sin explicar a quién) con la misma escopeta y las mismas balas (cuatro balas en total) el 15 de junio de 2012. Sin embargo, según la pericia del proceso, esa escopeta no había disparado. Como no había una escopeta para cada procesado, a los desarmados se los condenó por tentativa de homicidio y por asociación criminal.

¿Cómo se probó la asociación criminal? Con una lista donde aparecían todos los nombres de los delincuentes; por desgracia, una fuerte lluvia se llevó el papel al arroyo. Como compensación, la Fiscalía presentó otros argumentos de igual tenor: Dolores López, imputada porque recibió un tiro en la pierna, presumiblemente de la Policía, aunque no se lo comprobó; se presumió también que la Policía siempre tiene razón. Fani Olmedo fue imputada porque, al comenzar el tiroteo, salió corriendo con el hijo que llevaba en brazos.

¿De quién era el inmueble? Para acusar a alguien de invadir un terreno ajeno sin permiso del dueño, como acusaron y condenaron a los campesinos de Curuguaty, es necesario determinar primero de quién era el terreno en cuestión. El terreno se llama Marina Cué porque allí estuvo un destacamento de la Marina Paraguaya hasta el año 2004, cuando Nicanor Duarte Frutos decidió destinarlo a la reforma agraria.

En el 2005, Nicanor ordenó que se lo mensurara, pero se le opuso Blas N. Riquelme, dueño de la empresa Campos Morombi, diciendo que él era propietario del terreno por usucapión. No existe usucapión contra el Estado y Riquelme no tenía el título; sin embargo, él inició un juicio en el fuero civil, proseguido por sus herederos y sin terminarse hasta hoy. Esta fue la cuestión prejudicial planteada por los abogados defensores de los campesinos y campesinas de Curuguaty, que el tribunal no se dignó a tomar en cuenta.

¿Por qué no se investigó el cruce de llamadas? Fermín Paredes y Delfín Duarte, dos de los once campesinos caídos en Marina Cué, llamaron con sus celulares a sus parientes para decirles que se encontraban en un grave peligro; se los halló después, ejecutados con disparos a corta distancia, sin que se investigaran las muertes de los campesinos ni las torturas a las que fueron sometidos varios sobrevivientes. Y estas son solamente algunas de las preguntas sin respuesta del bochornoso expediente judicial.