Un fuerte dispositivo de seguridad acompañó a la líder del EPP desde la cárcel del Buen Pastor hasta el Palacio de Justicia, para el juicio oral fijado para las 08.30. El tribunal de la causa está presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por Lourdes Peña y Rosarito Montanía.
La defensa de Carmen Villalba, representada por la abogada Deisy Irala, solicitó al tribunal la extinción de la pena y luego la nulidad del proceso.
Argumentó que ya transcurrió el tiempo límite establecido en la ley para la investigación de este caso y que supuestamente se violaron derechos constitucionales de la imputada.
La profesional explicó que su defendida no fue notificada sobre algunas diligencias realizadas por el Ministerio Público y tampoco fue llamada a declarar por esta causa.
Sin embargo, el tribunal decidió rechazar todos los incidentes planteados por la defensa y el juicio siguió su curso normal, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.
En total declararon cuatro de los 17 testigos que están en la causa. Dieron sus testimonios la víctima, Blanca Torales; la entonces directora del Buen Pastor, Marta Báez y otras dos celadoras. El juicio oral continuará este miércoles.
El caso se registró el 11 de junio del 2007 cuando Carmen Villalba tomó como rehén a la celadora, Blanca Torales, en el penal de mujeres del Buen Pastor. La reclusa la amenazó con un cuchillo, y así la obligó a ingresar a la celda. Recién con mediación de su entonces abogada soltó a la funcionaria.
Torales mencionó en su declaración que la líder del EPP nunca la amenazó de muerte, pero sí la retuvo por un tiempo porque exigía que se le entregue algunos documentos que se le habían requisado durante una intervención.
Según la defensa, se trataba de dibujos hechos por el hijo de la procesada, sin embargo, según la celadora se trataba de mapas caseros, aparentemente, del Buen Pastor. Villalba solicitó la presencia de su entonces abogada y de la directora del penal. Una vez que se les entregó los papeles soltó a la celadora.
El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez Alcides Corbeta, tras acusación planteada por la fiscal antisecuestro, Sandra Quiñónez.
Villalba tiene además una condena de 15 años de cárcel más 3 años de medidas de seguridad por el secuestro de María Edith de Debernardi.