Las nuevas facilitadoras son Yren Rotela, Tamara Amarilla Lugo, Gabriela Espinoza Lezcano y Mariana Sepúlveda Esquivel, quienes prestaron juramento ante la doctora Elvira Franco, jueza de Paz, de Asunción. El acto tenía el objetivo de dar un paso hacia una sociedad inclusiva, se remarcó.
Rotela, presidenta de Panambi, puso el acento en las dificultades del colectivo trans para acceder al sistema judicial; “prueba de ello –dijo–, son los casos de asesinatos de nuestras compañeras que continúan en la impunidad”.
En tanto, el director general del Sistema, doctor Rigoberto Zarza, y el arquitecto Ennio Argüello Silva, gerente país del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacaron el rol de la Justicia en las políticas de inclusión, orientadas a garantizar el acceso a derechos de todos los sectores sociales del país, especialmente las poblaciones más vulnerables.
“El acceso al sistema judicial es un camino para garantizar los derechos humanos a todos y todas las habitantes del país”, mencionó Zarza.
Resaltó al grupo de trabajadoras sexuales que juraron en 2015.
“Eran mujeres que nunca habían entrado al Palacio de Justicia, mujeres que muchas veces son abusadas por la única autoridad que conocen, que es la policía”, comentó.
El facilitador judicial es una figura creada por la Acordada 517/08, de la Corte Suprema de Justicia, que además aprueba el Reglamento de los Facilitadores Judiciales, y abre la Oficina de Facilitadores Judiciales.
Actualmente, hay en el país cerca de tres mil funcionarios judiciales, cuya labor es ad honorem. El 46% son mujeres, refirieron desde la máxima instancia judicial.
