¿Qué pasaría si, por tratarse de un servicio estratégico, la producción y provisión de oxígeno estuviera en manos del Estado, o lo que es igual, de funcionarios públicos?
¿Cómo reaccionaría usted si esos funcionarios, en reclamo por una mejor paga o algún beneficio laboral que consideraran justo, decidieran interrumpirle la provisión del oxígeno, como medida de protesta?
¿Qué haría si fuera un servicio privatizado, pero cuyo precio fuera fijado por el Estado, y los empresarios que lo explotan decidieran racionarle la provisión o incluso suspendérselo por completo en reclamo de tarifas más altas?
Coincidirá conmigo en que ningún país serio permitiría que la provisión para toda la sociedad de un servicio vital como sería ese quedara al arbitrio de un sector minoritario de ella.
No sería jamás admisible que, por reclamar un ajuste de salario o mejoras tarifarias, funcionarios o empresarios pudieran alegremente cerrarnos el grifo y dejarnos sin oxígeno.
Si funcionarios o empresarios pudieran presionarnos con medidas extremas como esa, quedaríamos totalmente a su merced, imposibilitados de discutir racionalmente la justicia, oportunidad o viabilidad financiera de cualquier nuevo reclamo.
¿Por qué será entonces que la ley permite hoy a funcionarios o empresarios hacernos exactamente lo mismo con otros servicios, acaso tan necesarios como el aire que respiramos, servicios como la educación, la salud o el transporte público?
Es inaceptable que la mayor parte de la sociedad sea sometida a humillaciones y vejámenes con cada paro del transporte público, es inhumano que los niños y jóvenes sean privados de educación cada vez que los gremios docentes deciden hacer una huelga.
No son servicios comunes y no son trabajadores ni empresarios comunes. Ellos tienen bajo su responsabilidad la provisión de insumos de los que no se puede privar la sociedad.
Si trabajadores de una fábrica van a la huelga la presión es directa sobre los propietarios de la empresa, es una cuestión entre empleadores y empleados.
Si funcionarios que proveen un servicio vital van a la huelga, los perjudicados directos no son los administradores públicos de turno, son los usuarios que no tienen participación directa en la disputa, pero que terminan siendo rehenes de la situación.
Ni empresarios transportistas ni funcionarios públicos puede tener ese poder. Es intolerable que la sociedad toda se convierta en materia de extorsión de un sector minoritario de ella.
Solo la propia sociedad puede y debe ser siempre la detentora del poder, un poder que delega solo temporalmente en administradores electos. Cualquier otro escenario es un atentado contra los principios básicos de la democracia.
