Cada vez que se publica alguna nueva trapisonda cometida por algún intendente con los fondos que recibe de Itaipú y que está obligado a invertir en la reparación de escuelas y colegios por imposición de la ley conocida como Fonacide, aparece una legión de cibernautas denostando contra la ley, como si ella fuera la causa del acto de corrupción.
Fonacide no es más que una ley que reglamentó el uso de un dinero que ya estaban recibiendo los municipios. Ocurre que desde los noventa existe otra ley que obliga al Ministerio de Hacienda a distribuir entre municipios y gobernaciones hasta la mitad de los fondos que recibe el Paraguay por el uso de las aguas del Paraná en la hidroeléctrica de Itaipú, lo que se conoce como royalties.
De hecho, para buena parte de los casi 250 municipios creados en el país ese dinero representa entre el 60 y el 90 por ciento de sus ingresos. En otras palabras, viven de Itaipú.
A esos royalties les sumaron con los años lo que Brasil le paga al Paraguay por su parte de energía en Itaipú que no usa y que termina comprando nuestro socio. No era mucho dinero hasta que la Administración Lugo consiguió renegociar esa compensación generando un adicional de más de 280 millones de dólares.
Cuando se generó aquel beneficio, un grupo de ciudadanos –entre los que me incluyo– nos movilizamos en favor de una ley que obligara al Estado a usarlo exclusivamente en educación. Se habló de blindar los recursos para que no pudieran gastarlo en otra cosa.
La idea original era meter hasta el último dólar en un fondo especial (fiduciario) fuera del presupuesto normal para que no lo dilapidaran en salarios o en otros gastos ordinarios. El problema estribaba en que los municipios consideraban esos fondos como parte de los royalties y ya lo tenían como suyo.
Los parlamentarios que debían tratar la ley dijeron que era políticamente imposible sacarles a los intendentes esos fondos que daban por descontado en su presupuesto. Finalmente, la presión logró una solución salomónica. Con un cuarto del dinero se creó el fondo para la excelencia de la educación (el que hoy financia proyectos de investigación, becas y los programas de formación docente y de primera infancia que debe implementar el MEC) y un cuarto fue a los municipios, pero con una cláusula de hierro: debían invertir la mitad en reparar escuelas y un cuarto en la merienda escolar.
Sin la ley no se sabría que se farrearon la plata y hoy no habría argumentos para sacarles el dinero. Lo habrían gastado discrecionalmente en lo que se les ocurriera.
Fonacide no es la causa de la corrupción, es una ley que desnuda la corrupción. Probó que los intendentes no sirven para administrar ese dinero. Pues ahora hay que sacárselo y encomendarlo a otra institución que sí sepa hacerlo.
Ellos ya tuvieron su oportunidad. Y el fin sigue siendo el mismo: que solo se lo pueda gastar en la educación.
