En declaraciones a Efe, un dirigente de la Central Obrera Boliviana, Vitaliano Mamani, expresó su preocupación por los supuestos riesgos para recuperar lo que será prestado, teniendo en cuenta que la producción depende de fenómenos climatológicos.
“Dios no quisiera que como el año pasado haya inundaciones, helada o sequía. Si eso ocurre, ¿de dónde van a recuperar?”, cuestionó Mamani, y recordó que cuando los productores se ven afectados por esos problemas, suelen pedir reprogramación de deudas.
El dirigente afirmó que están de acuerdo con incentivar la producción para la seguridad alimentaria y con que los ahorros de los trabajadores para la jubilación ganen intereses, pero opinó que es importante “ver el grado de riesgo” para la inversión del dinero.
La Central Obrera Boliviana analizará en profundidad el asunto en una reunión nacional este jueves en la ciudad sureña de Sucre.
El presidente Morales anunció el lunes que se creará el fondo de créditos para el sector agropecuario utilizando un 5 % de los aportes de jubilación de los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), equivalente a 150 millones de dólares.
Los créditos tendrán diez años de plazo, con un interés anual de 7 % para la inversión en sistemas de riego, compra de maquinaria y la ampliación de la frontera agrícola, y de 9 % para gastos de operación en la compra de insumos para el sector.
La idea fue planteada por el sector agropecuario de la región de Santa Cruz (este) ante los problemas que tuvo como consecuencia de la sequía que azotó al país en 2016 y que les dejó pérdidas por 500 millones de dólares.
La Ley de Pensiones establece que las AFP pueden invertir el 5 % de los fondos de jubilación en pequeñas y medianas empresas.
El líder de la opositora Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, opinó en Twitter que se trata de una “medida electoralista” que “pone en riesgo el futuro de los bolivianos”.
El senador opositor Oscar Ortiz consideró que estos créditos pueden ser necesarios, pero que deben financiarse con recursos de otras fuentes, como el Banco de Desarrollo Productivo o el Banco Unión, ambos estatales.
En declaraciones a la radio Compañera, el economista Alberto Bonadona consideró que “es un atentado” contra los ahorros de jubilación porque se quiere usar el dinero de los trabajadores activos para financiar a “uno de los sectores de mayor riesgo”.
“El riesgo a futuro es demasiado grande porque la actividad agrícola no tiene certezas, es una actividad aleatoria, depende del azar, del clima para que funcione bien y esa no puede ser la base de un sistema de pensiones”, señaló Bonadona.
Indicó que el dinero de los fondos de pensiones se debe invertir en actividades solventes y que tengan calificación de riesgo para garantizar que haya retorno, “y eso no ocurre” en este caso.
En respuesta a las críticas, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, dijo a la radio estatal que hay mecanismos para proteger el 100 % del crédito, uno de ellos es que de los 150 millones de dólares, solo 100 millones se emplearán en los préstamos.
Los restantes 50 millones de dólares se reinvertirán en el mercado de valores para lograr intereses adicionales, indicó.
Un segundo mecanismo para proteger el dinero es la garantía del 30 % de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo creados con el 6 % de las utilidades de la banca privada.
Además, para acceder al crédito, los agropecuarios deben presentar un contrato de venta de su producción a una empresa agroindustrial, que garantizará un 30 % del crédito.
