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Editorial
martes 11 de abril de 2017, 02:00

Crímenes de policías no deben ser protegidos por la Justicia

Aparte del asesinato del joven Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, la Fiscalía recibió cerca de 80 denuncias contra efectivos policiales por uso excesivo de fuerza y privación ilegítima de libertad, tras las manifestaciones del 31 de marzo. Los testimonios indican que esa noche hubo una verdadera "cacería humana" en operativos que violaron los más elementales derechos humanos, con evidente participación y anuencia de altos mandos. Hasta ahora casi ningún agente o jefe policial ha sido imputado por estos casos. Además de poner en cuestión el tipo de formación que reciben quienes deben proteger a la sociedad, la falta de sanciones lleva a creer en la complicidad de la Justicia con los abusos cometidos.

A medida en que se conocen más detalles sobre la criminal manera en que actuaron los escuadrones policiales en la noche del viernes 31 de marzo y en la madrugada del sábado 1 de abril, luego de las manifestaciones de protesta que derivaron en el incendio del local del Congreso, surge la preocupación acerca de la actitud de quienes integran las fuerzas de seguridad, para quienes las normas legales no tuvieron importancia.

Además de atropellar por la fuerza, sin ninguna orden judicial, un local privado como la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y entrar disparando a mansalva con proyectiles de plomo, causando el asesinato a sangre fría de un joven miembro de la organización política, los efectivos policiales cometieron numerosos abusos. En la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público se han recibido cerca de 80 denuncias sobre casos de uso excesivo de la fuerza y privación ilegítima de la libertad, cometidos por agentes policiales, con la evidente participación y anuencia de altos mandos.

En una de las noches más negras en los últimos años, las patrullas policiales salieron en una especie de "cacería humana", efectuando una redada indiscriminada por las calles céntricas, ignorando los más elementales derechos. Además de capturar a manifestantes en los alrededores del Congreso, arrestaron a personas que caminaban por las calles o estaban cenando en bares céntricos. También varios automovilistas fueron interceptados, obligados a descender y tumbarse cuerpo a tierra. Muchos fueron golpeados, esposados y conducidos a las comisarías. En total, 211 personas resultaron detenidas y llevadas finalmente a la Agrupación Especializada, muchas sin haber participado de la manifestación. Varios denunciaron haber sido torturados y que durante su detención los agentes policiales les robaron sus pertenencias. Otros sostienen que fueron extorsionados a entregar sumas de dinero para recuperar en el mismo momento su libertad.

Lo ocurrido lleva a reflexionar acerca de qué tipo de formación reciben los miembros de la Policía paraguaya, para que en un caso de conmoción social, en lugar de proteger a los ciudadanos, sean ellos quienes se conviertan en el mayor peligro y actúen como lo hacía la criminal policía en la época de la dictadura stronista.

A pesar de las numerosas denuncias y evidencias, hasta ahora casi ningún agente o jefe policial ha sido imputado por estos delitos, al contrario de lo ocurrido con los manifestantes en el incendio del Congreso. Una sustancial diferencia, que lleva a creer que la Justicia estaría protegiendo los crímenes y abusos cometidos por los policías.