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Opinión
martes 31 de mayo de 2016, 01:00

Créditos disfrazados: Alguien tiene que parar

Por Samuel Acosta - En TW: @acostasamu
Por Samuel Acosta

Las primeras denuncias del esquema de créditos usurarios disfrazados como venta de electrodomésticos datan desde el 2014.

Y si bien, la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) presentó los antecedentes ante el Ministerio Público, dentro de la competencia que le otorga su Ley marco, la Nº 1334, no se ha multado a la fecha a ni una sola de las empresas denunciadas.

Teniendo esto como un dato de la realidad, la mencionada ley que debería servir para sancionar a quienes violan los derechos de los consumidores, en la práctica, es letra muerta.

La agente fiscal que investiga unos 500 casos, Teresa Sosa, manifestaba que el año pasado se había informado de la situación al ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, y la respuesta que se recibió de él fue una escueta nota recordando lo que indica la ley sobre el embargo. Nada más.

También en junio del año pasado la Fiscalía urgió al Ministerio de Hacienda buscar un mecanismo para blindar por lo menos 50% del salario de los funcionarios que habían caído en el esquema. La respuesta de la cartera de Estado fue el silencio.

Y es que hasta los Juzgados de Paz avalaron groseramente notificaciones ficticias a los deudores de estas casas comerciales, para dar curso a una serie de embargos que dejan abierta la sospecha de complicidad con estos comercios, según la propia Fiscalía.

El poder económico detrás de las firmas denunciadas genera –con justa razón– el temor de las personas que se vieron afectadas por la usura, y han estado en silencio todo este tiempo.

Maestras que perdieron propiedades, enfermeros padres de familia desesperados porque a fin de mes en su tarjeta de débito del BNF el saldo es de cero guaraníes, y hasta militares que pagaron cuatro veces más el valor del crédito que tomaron relataron a nuestro diario sus historias con esperanza de justicia.

–"Me estaba divorciando, necesitaba dinero porque tuve que empezar de cero";

–"A mi mamá le detectaron cáncer, nos urgía la plata para la quimioterapia";

–"Mi hijo sufrió un accidente, y mi cooperativa no me quiso ayudar";

Son algunos de los ejemplos de personas a las que –en un momento de desesperación– se les hizo firmar pagarés duplicados.

Un proyecto de ley de libranzas que fije un tope a las autorizaciones de descuento salarial y establezca una central de riesgo crediticio podría ser parte de la solución; no obstante, deberá enfrentar a sectores a quienes conviene se mantenga el vacío legal.

Iniciar una fuerte campaña de educación financiera en todos los niveles sociales es una materia impostergable.