El compromiso quedó establecido en una carta de entendimiento suscrita por los representantes de esas instituciones y el Ministerio, y que tuvo como testigo al presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
El convenio permitirá al Ministerio Público (MP) instalar una agencia fiscal, a la Contraloría designar diez auditores y a la Cicig delegar investigadores legales y financieros para indagar la corrupción en el Ministerio de Salud.
Según la fiscal general, Thelma Aldana, el convenio tendrá vigencia de un año y los costos correrán a cargo de las tres instituciones.
Además de investigar los casos de corrupción, los integrantes de la unidad deberán proponer medidas que prevengan nuevos actos en el Ministerio de Salud Pública.
Según la ministra guatemalteca de Salud, Lucrecia Hernández Mack, el convenio fue solicitado por el presidente del país, quien reiteró hoy su respaldo a las instituciones de justicia para que combatan la corrupción y la impunidad en el país.
Desde 2015 la Cicig y el MP han desarticulado sendas redes de corrupción en el Estado que tienen en prisión, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
