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Política
domingo 10 de julio de 2016, 01:00

Crean comisión interinstitucional para desbaratar rosca de escribanos

La Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Escribanía Mayor de Gobierno y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) abordarán en conjunto la situación de escribanos que contribuyen con el negocio ilícito de venta de derecheras.

La decisión se tomó tras la investigación realizada por Última Hora y Latele, que evidenció que continúa el negociado de la venta de derecheras, pese a la vigencia, desde el año 2012, de la Ley 4682 que la castiga.

En este caso ya fueron imputados Reinaldo Bronstrup Wanderer, ocupante de un inmueble; Andrés Cardozo Mendoza, nexo de una inmobiliaria, y Néstor Riquelme, funcionario del Indert de la regional Ciudad del Este.

Estos vendían las propiedades a través de internet.

Desde el Indert se denunció que la irregularidad es apañada por una rosca de escribanos, bien identificados, que perfeccionan la operación de compraventa de derecheras.

Hasta el momento fueron individualizados cinco escribanos, con pruebas contundentes en contra que serán presentadas por Justo Cárdenas, titular del ente rural, en una reunión del equipo interinstitucional esta semana, se informó desde la institución.

Hugo Jiménez, coordinador general del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) de la institución agraria, fue quien denunció en una conferencia de prensa la semana pasada la existencia de esta rosca de escribanos.

Hay un circuito de ilegalidad para la compraventa de derecheras, que fue perfectamente descripto por Jiménez.

“Esto no se perfecciona si no hay una presencia del Indert, hay un paraguayo beneficiario prestanombre, hay un extranjero o un no sujeto apoderado y hay una escribanía que claramente tiene prohibido hacer estos trámites, pero lo han hecho”, había indicado el funcionario hace unos días.

Había precisado que son 19 los casos de compraventa de derecheras denunciados ante la Procuraduría General de la República, incluyendo los casos que involucran a escribanos.

La conformación de este equipo se da aparentemente por pedido de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, quien solicitó al Indert antecedentes de los casos que involucran a escribanos.

La escribana mayor de Gobierno, Martha Narvaja, manifestó a ÚH que la intención es examinar cada caso y a partir de allí ver qué medidas adoptar.

Intentamos comunicarnos con el procurador general, Roberto Moreno, quien también integra este equipo, para tener una posición institucional sobre las varias denuncias de venta ilegal de tierras públicas, pero su asesor de Comunicación, Romeo Ortigoza, nos indicó que se encontraba de reunión.