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jueves 28 de julio de 2016, 01:00

Costo total del curso de admisión a Medicina sigue en G. 3.300.000

Pese a que la Ley 5633 fija un tope arancelario a los cursos de ingreso en las instituciones públicas, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) descarta reducir los onerosos aranceles previstos para el Curso Propedéutico de Admisión (CPA). Este sistema lo incorporan desde este año para salvar la acreditación de la carrera.

La Dra. Elvira Giménez, directora de Admisión de Medicina UNA, confirmó a esta hoja que el costo total del CPA se mantiene en G. 3.300.000.

Ocurre que la interpretación que hacen de la normativa es que se refiere a los aranceles y no a la “totalidad” de los cursos probatorios (ver info).

“En ninguna parte de la ley dice que el curso en su totalidad puede costar más de G. 701.560. Habla de aranceles y nuestra matrícula no supera los G. 400.000; lo mismo pasa con las cuotas”, expuso.

Además, apuntó que la norma en cuestión aún no está reglamentada. Se presta así a interpretaciones al “no ser taxativa”, dijo al evocar un dictamen de la Asesoría Jurídica de la Facultad de Medicina.

En contrapartida, la ley es clara con respecto al costo del título de grado que antes era de G. 650.000 y ahora sale G. 70.000. “Si dijera taxativamente que el curso no puede costar más de tal, nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Eso sin duda alguna”, apuntó.

A su vez, las autoridades esperan que la Corte Suprema haga lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Rectorado de la UNA en contra de la polémica norma.

DENUNCIA. El diputado Dionisio Amarilla, impulsor de la ley, dijo que si una institución pública no cumple con lo que establece la normativa se expone a una denuncia por la comisión de hecho punible.

“La aplicación de la ley es directa. Es cuestión de que los estudiantes se organicen y por sobre todas las cosas ejerzan presión en las unidades académicas que los están expoliando”, atacó el legislador.

Esa legislación –dijo– tuvo su origen justamente del reclamo que le hicieron llegar padres de los cursillistas. “Los aspirantes a ingresar a la universidad, que se sientan agraviados en sus derechos desde el momento en que los cursillos cuestan más de lo que se establece en la ley, pueden pedir beneficiarse con la normativa”, remató.